La muerte de un adolescente mexicano en custodia de ICE no es un accidente del sistema. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado.

Royer Perez-Jiménez tenía dieciséis años cuando quedó bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. No tenía antecedentes penales. No representaba ninguna amenaza documentada. Era un adolescente migrante, que es decir: era exactamente el tipo de persona que la maquinaria migratoria de la administración Trump fue construida para detener, procesar y expulsar en el menor tiempo posible, con la menor cantidad de obstáculos legales posible. Murió bajo esa custodia. Su nombre merece estar escrito completo.

La muerte de Royer no ocurrió en el vacío. Ocurrió en el interior de una estructura que, en los últimos meses, ha sido reconfigurada con precisión quirúrgica para eliminar los contrapesos que podrían haberle salvado la vida: el acceso a un juez independiente, el derecho a impugnar una detención, la posibilidad de que alguien con autoridad y sin conflicto de interés revisara su caso.

El mecanismo: cómo se desmonta el debido proceso

A principios de 2025, la administración Trump ejecutó una reestructuración profunda de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) y del sistema de juzgados migratorios. La medida no fue accidental ni improvisada: se trató de una reorganización deliberada que concentró el poder de decisión en el Ejecutivo y redujo drásticamente la independencia judicial en los casos de inmigración.

Según reportes documentados por organizaciones como el American Immigration Council y el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, la administración ha reemplazado jueces de inmigración con perfiles favorables a la deportación expedita, reducido los plazos para presentar pruebas y argumentos de defensa, y ampliado los mecanismos de deportación acelerada que omiten la revisión judicial ordinaria. En paralelo, el presupuesto para representación legal de migrantes detenidos —ya de por sí insuficiente— ha sido recortado.

El resultado es predecible para cualquiera que entienda cómo funciona un sistema sin contrapesos: las personas detenidas, especialmente los menores no acompañados o separados de sus familias, quedan atrapadas en una burocracia que no tiene incentivos para cuidarlas y sí los tiene para procesarlas rápido.

Royer era menor de edad. La Convención sobre los Derechos del Niño —que Estados Unidos ha firmado pero no ratificado, detalle que dice mucho— establece que en toda decisión que involucre a un menor debe prevalecer el interés superior del niño. La legislación estadounidense vigente, incluyendo el Acuerdo Flores de 1997, impone límites a la detención de menores migrantes y estándares mínimos de atención. La pregunta que nadie en la cobertura convencional hace con suficiente claridad es: ¿cómo murió un adolescente de dieciséis años bajo custodia federal si esos estándares estaban vigentes?

La cadena de responsabilidad

No hay una sola persona responsable de la muerte de Royer. Hay una cadena.

En el extremo visible está el agente o la instalación que tuvo custodia directa sobre él. Esa responsabilidad es real y debe investigarse. Pero detenerse ahí es una forma de absolución para quienes construyeron las condiciones.

El segundo eslabón es institucional: ICE, agencia que ha operado durante años con una supervisión civil limitada, que ha sido documentada repetidamente por organizaciones de derechos humanos —Human Rights Watch, ACLU, Physicians for Human Rights— por condiciones de detención que incluyen acceso deficiente a atención médica, hacinamiento y maltrato. No son acusaciones nuevas. Son registros acumulados durante administraciones de ambos partidos, aunque la actual los ha intensificado con velocidad y con una retórica que legitima el trato deshumanizante.

El tercer eslabón es político: la administración Trump ha construido su capital político sobre la figura del migrante como amenaza. Cada decreto, cada reestructuración judicial, cada recorte a la representación legal es coherente con esa narrativa. No son errores de implementación. Son decisiones.

Y el cuarto eslabón —el más incómodo— es legislativo: el Congreso de Estados Unidos, con mayoría republicana en ambas cámaras, no solo no ha frenado estas políticas sino que ha financiado su expansión. El presupuesto de ICE para el año fiscal 2025 fue aprobado. Los fondos para los centros de detención fueron aprobados. Los recortes a la asistencia legal fueron aprobados.

Doscientos mil millones para una guerra, cero dólares para un abogado

Esta semana, mientras los detalles de la muerte de Royer circulaban en medios especializados y organizaciones de derechos humanos, la administración Trump solicitaba al Congreso una partida de doscientos mil millones de dólares para financiar una posible acción militar contra Irán. La cifra no es un error tipográfico: doscientos mil millones.

El contraste no es retórico. Es presupuestal.

Según datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el costo promedio de proveer representación legal a un migrante en proceso de deportación ronda los tres mil dólares por caso. La administración ha recortado o eliminado programas que financiaban esa representación para personas detenidas sin recursos. Royer, con dieciséis años y sin familia identificada en territorio estadounidense, era exactamente el tipo de persona que esos programas estaban diseñados para proteger.

La pregunta que nadie hace en los noticieros de horario estelar es esta: ¿cuántos Royer caben en doscientos mil millones de dólares?

Lo que el sistema no considera un costo

Los sistemas no fallan de manera aleatoria. Fallan de manera estructurada: siempre sobre las mismas personas, siempre en la misma dirección.

La muerte de un adolescente mexicano en custodia migratoria estadounidense no va a detener las deportaciones. No va a modificar el presupuesto de ICE. No va a revertir la reestructuración de la Junta de Apelaciones de Inmigración. Probablemente no va a resultar en consecuencias penales para nadie en la cadena de custodia. Hay demasiados casos anteriores —Jakelin Caal, Felipe Gómez Alonzo, otros cuyos nombres no llegaron a los titulares— como para abrigar esa esperanza sin evidencia.

Lo que sí va a ocurrir es lo de siempre: una investigación interna, un comunicado institucional con lenguaje de condolencia, quizás una audiencia en el Congreso donde nadie con poder real para cambiar algo asuma responsabilidad concreta.

El sistema no considera la muerte de Royer un costo que deba contabilizarse en sus métricas de eficiencia. Lo considera, en el mejor de los casos, un incidente.

Royer Perez-Jiménez tenía dieciséis años. Cruzó una frontera buscando algo que la retórica oficial llama amenaza y que cualquier persona honesta reconoce como necesidad. Murió bajo la custodia del estado más poderoso del mundo, en un sistema que fue reestructurado para tener menos ojos, menos jueces independientes y menos obligaciones hacia él.

Alguien tomó esa decisión. Varias personas la ejecutaron. El Congreso la financió.

Y nosotros decidimos si eso tiene nombre o si seguimos llamándolo incidente.

Por Carmen Delgado