Royer Pérez-Jiménez tenía diecisiete años. El sistema que lo mató sigue funcionando perfectamente.
En algún lugar de la frontera, una madre espera que le devuelvan el cuerpo de su hijo.
No es una metáfora. Es el punto de partida de esta semana en Estados Unidos: Royer Pérez-Jiménez, diecisiete años, mexicano, murió bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas —ICE, por sus siglas en inglés— mientras el gobierno de Donald Trump anunciaba que necesita doscientos mil millones de dólares para financiar una guerra contra Irán. Dos noticias. Un mismo sistema de valores. Una misma pregunta sin respuesta: ¿cuánto vale una vida dependiendo de dónde nació?
Royer no era el primero. Tampoco será el último. Hay un patrón documentado, sostenido, que se repite con una regularidad que ya no permite hablar de excepciones: jóvenes migrantes que ingresan al aparato de detención estadounidense y no salen vivos. Lo que cambia con cada caso no es la estructura —esa permanece intacta— sino el nombre, la edad, el pueblo de origen. Lo que permanece es la impunidad. Y lo que se agrava, con cada decisión ejecutiva de esta administración, es la velocidad con que ese aparato se consolida.
Esta semana, además de la muerte de Royer, Trump firmó una reconfiguración profunda del sistema de justicia migratoria. Redujo el número de jueces de inmigración independientes y los sustituyó con funcionarios designados por el Ejecutivo. La Junta de Apelaciones de Inmigración —que históricamente ha funcionado como último recurso para quienes enfrentan deportación— fue vaciada de su autonomía. Lo que queda no es un tribunal. Es una correa de transmisión.
El debido proceso es una de esas frases que suena técnica pero que en realidad describe algo muy sencillo: el derecho a que alguien te escuche antes de que te hagan daño. El derecho a presentar tu caso. El derecho a apelar una decisión equivocada. Para los migrantes que cruzan la frontera —muchos de ellos huyendo de condiciones que ninguna persona elegiría voluntariamente— ese proceso, imperfecto como era, representaba al menos una posibilidad. Ahora esa posibilidad se adelgaza hasta casi desaparecer.
Aquí es donde la sociología tiene algo que decir que el periodismo de nota roja no siempre alcanza a articular. Lo que está ocurriendo no es una serie de decisiones aisladas de una administración particularmente dura. Es la consumación de un proyecto político que lleva décadas construyéndose: la conversión del migrante en categoría legal antes que en persona. Cuando un ser humano pasa por el proceso de ser nombrado «ilegal», «no autorizado», «irregulars» —con todos los eufemismos que el lenguaje burocrático inventa para no decir «cuerpo sin derechos»— se produce una operación ideológica de enorme consecuencia: se suspende la empatía. Se vuelve posible lo que de otra manera sería impensable.
No hay que atribuirle mala fe individual a cada funcionario de ICE para entender cómo funciona esto. La socióloga estadounidense Zygmunt Bauman lo describió con precisión al hablar de la «distancia moral»: los sistemas burocráticos están diseñados para que nadie sea responsable de nada porque cada quien solo cumple su función. El agente que detiene no es el que decide la celda. El que decide la celda no es el que niega la atención médica. El que niega la atención médica no firma la orden de deportación. Y al final, nadie mató a Royer. El sistema lo hizo.
Mientras esto ocurre en las instalaciones de detención, en los pasillos del Congreso estadounidense se debate si hay dinero suficiente para una guerra. Doscientos mil millones de dólares es una cifra que cuesta imaginar. Para ponerla en perspectiva: es más de lo que México gasta en educación pública en varios años. Es un número que se pronuncia con naturalidad en los discursos sobre seguridad nacional, sobre disuasión, sobre el orden internacional. Pero cuando se trata de garantizar que un adolescente de diecisiete años tenga acceso a atención médica mientras está bajo custodia del Estado, de repente los recursos se vuelven escasos, los protocolos se vuelven confusos, y la responsabilidad se evaporar.
Esta contradicción no es accidental. Es estructural. Los Estados no gastan en lo que dicen valorar: gastan en lo que realmente valoran. Y lo que el presupuesto de guerra revela —puesto junto a la muerte de Royer, junto al desmantelamiento del sistema de justicia migratoria— es una jerarquía muy clara de qué cuerpos importan y cuáles son prescindibles.
Hay algo que la gente que vive esto siente con nitidez, aunque no siempre tenga el vocabulario para nombrarlo: la sensación de que el sistema no está roto. Que funciona exactamente como fue diseñado. Que la muerte de un joven mexicano en una celda de ICE no es un fallo del mecanismo —es el mecanismo. Y esa intuición, que a veces se expresa como rabia, como resignación, como el silencio pesado de quien ya no espera justicia, es políticamente más lúcida que muchos análisis publicados en medios con grandes presupuestos.
La madre de Royer espera que le devuelvan el cuerpo de su hijo. En algún momento lo recibirá. Habrá velorio, habrá dolor, habrá una comunidad que se cierre alrededor de esa familia como se cierran las comunidades cuando el golpe viene de afuera. Y luego la vida seguirá, porque la vida siempre sigue, y el sistema que mató a Royer seguirá también, más consolidado, más veloz, más seguro de su propia impunidad.
La pregunta que queda no es qué falló. La pregunta es qué tan visible tiene que volverse el costo humano de este proyecto para que deje de ser tratado como daño colateral y empiece a ser nombrado por lo que es.
Por Roberto Medina