En Irán busca levantar sanciones para aliviar crisis energética; en EE.UU. reduce garantías legales para inmigrantes. Una estrategia que prioriza los intereses del capital sobre los derechos

La cuarta semana de guerra en Irán encuentra a la administración Trump en un giro estratégico revelador: mientras ordena reducir operaciones militares en el conflicto, simultáneamente negocia el levantamiento de sanciones sobre petróleo iraní atrapado en el mar. Al mismo tiempo, en el frente doméstico, ha desmantelado sistemáticamente las garantías legales para migrantes, llenando la Junta de Apelaciones de Inmigración con sus designados para acelerar deportaciones. Dos movimientos que revelan una lógica coherente: priorizar los intereses del capital corporativo sobre los derechos de las personas.

La crisis energética como negociación de poder

La consideración de Trump de levantar sanciones sobre petróleo iraní responde a una presión económica clara: la crisis energética de Estados Unidos. El precio del barril ha presionado inflación, competitividad industrial y, crucialmente, los márgenes de ganancia de las corporaciones energéticas estadounidenses. Para Trump, este cálculo es directo: mantener una guerra costosa que drena recursos militares y eleva tensiones geopolíticas vale menos que estabilizar los mercados energéticos globales.

Pero aquí está lo que no se dice en los comunicados de prensa: levantar sanciones al petróleo iraní beneficia directamente a las grandes petroleras que operan globalmente. Son ellas las que pueden acceder a esos mercados, integrar ese petróleo a sus cadenas de suministro, mantener bajos los precios y, por tanto, altos sus márgenes de ganancia. No es un beneficio para el trabajador estadounidense que sigue pagando gasolina cara — es un beneficio para Chevron, ExxonMobil, Shell.

Esta negociación energética ha costado vidas en Irán, destrozó infraestructura civil y ha dejado cicatrices que tomarán décadas sanar. Pero desde la lógica del capital, eso es externalidades. Costos que no aparecen en el balance de resultados de las corporaciones.

En casa: desmantelamiento de derechos sin disparar un tiro

Mientras Trump juega ajedrez geopolítico en Oriente Medio, ejecuta una estrategia más silenciosa pero igual de devastadora dentro de Estados Unidos: ha reducido el número de miembros en la Junta de Apelaciones de Inmigración y la ha llenado de sus designados.

Esto no es un cambio administrativo menor. Es el desmantelamiento deliberado del debido proceso. Cuando un migrante llega a una corte de apelaciones, ahora enfrenta a jueces seleccionados específicamente para aprobar deportaciones. El análisis de NPR lo documenta: la composición de la junta cambió dramáticamente. Ya no hay equilibrio. No hay contrapeso. Lo que queda es una máquina para expulsar.

La cifra que importa aquí es sencilla: número de apelaciones ganadas antes versus después. Número de migrantes que tenían una oportunidad de demostrar que su caso merecía consideración, versus ahora. Ese número bajó precipitadamente.

Pero nuevamente, preguntémonos: ¿quién gana? No es que Estados Unidos se vuelva más seguro. Las estadísticas de crimen no respaldan la narrativa de que más deportaciones = menos delito. Quiénes ganan son los contratistas penitenciarios, los servicios de deportación, las corporaciones que se benefician de una mano de obra sin derechos, sin capacidad de negociar salarios, sin protecciones laborales.

Un migrante sin derechos legales puede ser presionado a trabajar por menos. Sin acceso a cortes de apelaciones equitativas, sin voz, sin poder. Es exactamente lo que ciertos sectores empresariales quieren.

La lógica detrás de los movimientos

En Irán, Trump negocia con los mercados energéticos. En inmigración, negocia con los mercados de trabajo. En ambos casos, la pregunta no es "¿es bueno para América?". Es "¿es bueno para quién — y qué está dispuesto a pagar?"

La crisis de legitimidad de estos movimientos es que no pueden decirse en voz alta. No pueden decir: "Levantamos sanciones al petróleo iraní porque las corporaciones energéticas lo exigen". No pueden decir: "Desmantelamos el debido proceso para migrantes porque los empresarios necesitan mano de obra sin derechos". Necesitan narrativas: "seguridad energética", "seguridad fronteriza", "protección nacional".

Lo que sucede es que mientras una parte de la población sufre las consecuencias de la guerra en Irán — inestabilidad, incertidumbre, mercados volátiles — otra parte sufre directamente en casa: migrantes expulsados sin oportunidad de apelación, familias separadas, comunidades destrozadas.

Y quiénes se benefician en ambos casos son los mismos: el capital concentrado, las corporaciones transnacionales, los intereses que moldean la política exterior y doméstica de Estados Unidos.

Este es el verdadero conflicto. No entre naciones, sino entre quiénes controlan los recursos y quiénes viven de su trabajo.

Por Alejandra Flores