Royer Pérez-Jiménez falleció bajo custodia de inmigración. Su muerte refleja el costo humano de políticas restrictivas que priorizan la militarización sobre la vida
En la misma semana en que Washington destinaba recursos para operaciones militares cuyas consecuencias costaron 800 millones de dólares en daños a bases estadounidenses, un adolescente mexicano de nombre Royer Pérez-Jiménez moría en las manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Esta simultaneidad no es casualidad. Es síntoma de un sistema que ha perdido las prioridades: invierte miles de millones en proyectiles y represalias, mientras deja morir a menores de edad en sus centros de detención.
Pérez-Jiménez no es el primer adolescente que muere bajo custodia migratoria estadounidense. Su muerte ocurre dentro de una tendencia documentada: el aumento dramático de muertes de migrantes bajo la arquitectura de inmigración restrictiva que la administración Trump ha intensificado y que muchos estados y la administración Biden mantuvieron, aunque con retórica diferente.
Desde las comunidades fronterizas donde he reporteado durante años, esta realidad no es nueva. He documentado las condiciones en centros de detención en El Paso, en Nogales, en Matamoros. Sé lo que significa estar en una celda sin acceso adecuado a agua potable, sin atención médica, sin ninguno de los estándares mínimos que cualquier democracia debería garantizar a un niño.
La muerte de Pérez-Jiménez plantea preguntas que Washington no quiere responder: ¿Por qué invertimos 800 millones de dólares en operaciones militares pero no podemos garantizar que los menores bajo nuestra custodia tengan acceso a un médico? ¿Por qué hay recursos infinitos para la guerra y recursos finitos para la vida?
En la frontera, vemos esta contradicción diariamente. Mientras los gobiernos hablan de seguridad nacional y defensa, las familias hablan de hijos que no vuelven. Mientras se gastan miles de millones en drones y misiles, adolescentes mueren en cuartos con temperaturas de congelador por políticas que priorizan la detención sobre la humanidad.
Pérez-Jiménez cruzó la frontera buscando lo que millones buscan: oportunidad, seguridad, una vida mejor. En cambio, encontró las cárceles migratorias estadounidenses. Encontró un sistema que lo veía como una amenaza, no como un niño. Encontró un aparato que lo detuvo, lo retuvo, y finalmente, lo dejó morir.
Esta muerte no es un accidente administrativo. Es resultado de políticas deliberadas. Es resultado de legisladores que votan por presupuestos de defensa billonarios mientras cierran los ojos ante lo que sucede en centros de detención. Es resultado de una narrativa que ha criminalizado la migración hasta el punto de hacer invisible la humanidad de quien migra.
Desde Juárez, Nogales, Tijuana, las comunidades fronterizas ven cómo Estados Unidos invierte en tecnología de vigilancia, en muros, en drones que patrullan el desierto. Ven cómo se gastan recursos en deportaciones masivas y detenciones prolongadas. Y ven cómo, cuando algo sale mal—cuando un niño se enferma, cuando el sistema falla—no hay responsabilidad, no hay investigación real, no hay cambio.
La EEOC puede cobrarle 500 mil dólares a Planned Parenthood de Illinois por presuntas violaciones de derechos civiles, pero ¿quién le cobra al Servicio de Inmigración por la muerte de menores bajo su custodia?
Esta es la pregunta que la gente en la frontera no deja de hacer. Y es la pregunta que debe guiar cualquier cobertura seria de política migratoria: no es un tema de números, de estadísticas de deportación, de cifras de cruces fronterizos. Es un tema de vidas. De adolescentes como Pérez-Jiménez que pagaron con su muerte el costo de una política que priorizó la exclusión sobre la compasión.
Mientras Washington debate construcciones presupuestarias y operaciones militares, las familias en ambos lados de la frontera entierran a sus hijos. Esa es la realidad que el periodismo serio debe documentar. No desde las cancillerías, sino desde los lugares donde esa política se convierte en cadáveres.
Royer Pérez-Jiménez era un adolescente mexicano. Era alguien. Y murió en la custodia de un estado que dice defender valores, mientras ese mismo estado invierte 800 millones de dólares en represalias que nadie pedía, pero deja morir a un niño que solo buscaba vivir.
Por Martin Salazar