Doscientos mil millones para bombardear Irán, cero dólares para que una madre sepa dónde está su hijo

En algún centro de detención migratoria del sur de Estados Unidos, una madre lleva semanas sin saber nada de su hijo. No sabe en qué instalación está. No sabe si está bien. No sabe si podrá hablarle. El sistema no está diseñado para que ella sepa: está diseñado para que espere, para que tema, para que entienda que su hijo dejó de ser una persona y se convirtió en un caso, en un número, en un cuerpo administrado por una burocracia que esta semana tiene otras prioridades.

Esa misma semana, el Pentágono le presentó al Congreso una solicitud de doscientos mil millones de dólares para sostener y escalar las operaciones militares contra Irán. Doscientos mil millones. No es una cifra que quepa fácilmente en la imaginación, así que vale la pena intentarlo: si repartieras ese dinero entre todos los migrantes detenidos en Estados Unidos —que rondan los cuarenta mil en promedio— le tocarían cinco millones de dólares a cada uno. No para liberarlos. Solo para ilustrar la escala de lo que se está decidiendo, y lo que se está ignorando al mismo tiempo.

Pero el contraste más brutal no es matemático. Es moral.

Cuatro semanas lleva ya el conflicto armado entre Estados Unidos e Irán, y la narrativa oficial sigue siendo la misma: seguridad nacional, intereses estratégicos, disuasión. El presidente Trump, que llegó al poder prometiendo no más guerras eternas, negocia ahora el acceso al petróleo iraní mientras sus generales reportan que las bases estadounidenses en la región sufrieron daños por ochocientos millones de dólares en ataques de respuesta. La guerra tiene su propia economía: destruyes, reconstruyes, negocias los recursos del país que bombardeaste. El ciclo se conoce bien en esta parte del mundo.

Lo que no aparece en esa narrativa —lo que nunca aparece— es la pregunta sobre quién paga el costo real. No en dólares. En vidas, en cuerpos, en familias partidas.

Un adolescente mexicano murió esta semana en una cárcel migratoria estadounidense. Su nombre todavía circula entre las notas al pie, entre los comunicados que nadie lee, entre las estadísticas que se acumulan sin que nadie rinda cuentas. Tenía menos de dieciocho años. Estaba solo. No había cruzado ninguna frontera para hacerle daño a nadie: cruzó porque las condiciones en su lugar de origen —condiciones que tienen historia, que tienen causas, que tienen responsables— no le dejaban otra salida visible.

Su muerte no interrumpió ningún ciclo de noticias. La solicitud de doscientos mil millones de dólares, sí.

Hay un mecanismo social que vale la pena nombrar con precisión: la jerarquía de las vidas visibles.

No es nueva. No es exclusiva de Estados Unidos. Pero en este momento histórico se expresa con una claridad casi didáctica. El Estado estadounidense puede movilizar recursos casi ilimitados para proyectar poder militar a doce mil kilómetros de distancia. Puede rastrear satélites, coordinar flotas, sostener cadenas de suministro en tiempo de guerra. Puede, en suma, hacer cosas extraordinariamente complejas cuando decide que algo importa.

Y al mismo tiempo, ese mismo Estado no puede —o no quiere— garantizar que una familia sepa dónde está su familiar detenido. No puede —o no quiere— asegurar atención médica básica en sus centros de detención. No puede —o no quiere— procesar con dignidad a las personas que llegan a su frontera huyendo de situaciones que, en más de un caso, tienen raíces directas en décadas de política exterior estadounidense en Centroamérica y México.

Esa asimetría no es un fallo administrativo. Es una elección política sostenida en el tiempo.

La socióloga Saskia Sassen tiene una frase que aplica aquí con dureza: "Los expulsados son la contabilidad oculta del sistema global." No son accidentes. Son el resultado de decisiones que alguien tomó, que alguien firmó, que alguien presentó como necesarias para la seguridad o la prosperidad de otros.

Lo que la gente siente —y que rara vez encuentra palabras precisas— es algo parecido a la disonancia cognitiva colectiva. Una sensación de que el mundo está organizado de una manera que no cuadra, que las reglas que se aplican a unos no se aplican a otros, que hay una brecha entre lo que los gobiernos dicen y lo que hacen que ya no se puede explicar con errores ni con incompetencia.

No es pesimismo. Es observación.

Las familias de los detenidos —muchas de ellas en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras— viven esa disonancia de manera concreta, física. Llaman a números que no contestan. Buscan información en portales que no actualizan. Contratan abogados que no pueden conseguir audiencias. Y mientras tanto, leen en las noticias que el país que tiene a su familiar encerrado acaba de pedir doscientos mil millones para una guerra en el Medio Oriente.

No hace falta ser sociólogo para sentir que algo no cierra. Hace falta serlo, quizás, para entender por qué no cierra: porque el sistema no está diseñado para cerrar. Está diseñado para que algunos problemas sean urgentes y otros sean invisibles. Para que algunas muertes sean titulares y otras sean estadísticas. Para que el presupuesto de la guerra sea una necesidad estratégica y el presupuesto para los derechos básicos de los detenidos sea un lujo que "no hay condiciones para garantizar".

Trump apuesta al petróleo iraní. Sus asesores calculan que el acceso a esas reservas podría reconfigurar mercados energéticos globales. Es una apuesta que tiene lógica interna, si uno acepta las premisas del sistema: que los recursos naturales de un país son una ficha en el tablero de la geopolítica, que la soberanía es negociable bajo presión suficiente, que el costo humano es una variable secundaria en la ecuación.

Al mismo tiempo, en los centros de detención migratoria, se siguen aplicando recortes. Recortes en personal médico, en acceso a representación legal, en condiciones básicas de habitabilidad. No porque no haya dinero. Hay doscientos mil millones disponibles para la guerra. Hay recortes porque hay una jerarquía, y en esa jerarquía el adolescente mexicano que murió esta semana estaba muy abajo.

No hay forma de terminar esta columna con una respuesta. Hay, en cambio, una imagen que persiste: la madre que no sabe dónde está su hijo, sentada frente a un teléfono que no suena, mientras en Washington alguien firma una solicitud de fondos que ningún noticiario interrumpirá para cuestionar.

Ella sabe lo que cuesta una guerra. Solo que nadie le preguntó.

Por Roberto Medina