Cuando el gobierno que deja sin sueldo a cien mil trabajadores manda agentes armados a los aeropuertos, hay que preguntar qué tipo de orden es esa
Una señora mayor espera en la fila de seguridad del aeropuerto de Los Ángeles. Lleva un bolso de tela con las asas desgastadas y una bolsa de plástico con los zapatos en la mano, como le indicaron. El agente de ICE que está a tres metros de ella no revisa equipaje. Está mirando caras. La señora no sabe si viene por ella o por la persona que tiene detrás. Así que espera, quieta, con esa forma particular de no moverse que conocen muy bien quienes han aprendido que llamar la atención puede costar caro.
Esa escena —reportada esta semana en decenas de versiones distintas desde catorce aeropuertos del país— no es una anécdota. Es la fotografía de un momento político que merece leerse con cuidado, porque en ella conviven dos noticias que parecen separadas y que en realidad son la misma historia contada desde dos ángulos.
Mientras el gobierno de Donald Trump desplegaba cientos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en los principales aeropuertos del país, cien mil trabajadores federales seguían sin cobrar su salario. El nuevo secretario de Seguridad Nacional asumió su cargo en medio de esa paradoja: un aparato de vigilancia que se expande hacia afuera mientras se desmorona por dentro.
El sociólogo Charles Tilly tenía una frase que ayuda a entender esto: los Estados modernos son organizaciones que ejercen coerción y extraen recursos para financiarla. Cuando esa segunda parte falla —cuando el Estado no puede o no quiere pagar a sus propios operadores— lo que queda es coerción sin contrato. Fuerza sin legitimidad interna. Una institución que exige obediencia a los ciudadanos mientras incumple sus obligaciones con los funcionarios que la sostienen.
Cien mil trabajadores sin pago no es un error contable. Es el resultado de meses de recortes acelerados, purgas burocráticas y una filosofía de gobierno que confunde la eficiencia con el desmantelamiento. La apuesta es que el Estado funcione con menos gente y menos gasto. Lo que nadie explica bien es quién absorbe el trabajo que esas personas dejaron de hacer, o qué pasa con las familias que dependían de ese sueldo para pagar la renta, la gasolina, la comida.
Pero eso no aparece en los titulares de los medios que celebran la "reducción del gasto público". Aparece en las conversaciones en los pasillos de los edificios federales, en los grupos de WhatsApp de empleados que no saben si van a cobrar la semana que viene, en los préstamos que se piden a la familia cuando el depósito no llega.
Lo que sí aparece en los titulares, con fotografías y declaraciones y cobertura en vivo, es el despliegue en los aeropuertos. Cientos de agentes. Operativos visibles. Presencia física diseñada para ser notada.
Aquí opera una lógica que tiene nombre en las ciencias sociales: la gestión del miedo como recurso político. No se trata únicamente de detener personas —aunque eso también ocurre. Se trata de producir una atmósfera. De que la señora con el bolso desgastado no sepa si viene por ella. De que el joven con apellido latinoamericano dude si subirse al avión. De que la comunidad migrante aprenda, una vez más, que el espacio público no es para todos por igual.
Esa asimetría es la clave: el Estado retira su presencia de donde protege —salarios, servicios, derechos laborales— y la expande donde controla. No es una contradicción. Es una elección.
Y mientras esto ocurre en los aeropuertos domésticos, en el plano internacional la estrategia del gobierno republicano empieza a mostrar sus fracturas. La escalada de tensión con Irán complica directamente la negociación comercial con China: los mercados de materias primas se alteran, los aliados regionales recalculan sus posiciones, y los aranceles que debían ser el gran instrumento de presión económica quedan atrapados en una lógica geopolítica que los desborda.
Es decir: el mismo gobierno que no paga a sus trabajadores, que despliega agentes en los aeropuertos para producir miedo, y que prometió traer de regreso la industria manufacturera estadounidense mediante guerras comerciales, ahora descubre que las guerras —comerciales o militares— no se pueden librar en varios frentes al mismo tiempo sin que algo ceda.
Lo que cede, casi siempre, no es el capital. El capital se mueve, se reorganiza, encuentra otro mercado. Lo que cede es la gente que trabaja en la fábrica que cierra, el funcionario que no cobra, el viajero que llega al aeropuerto con miedo.
Hay algo que mucha gente siente en este momento y que cuesta nombrar con precisión. No es exactamente miedo, aunque el miedo está. No es solo enojo, aunque el enojo también. Es algo más parecido a la sensación de que las reglas cambiaron sin que nadie les avisara. Que el suelo que creían firme —un trabajo estable, un aeropuerto como espacio neutro, un contrato del Estado que se cumple— ya no lo es tanto.
Los sociólogos llaman a esto anomia en su versión contemporánea: no la ausencia de normas, sino la proliferación de normas contradictorias que se aplican de manera selectiva. Unos tienen derechos que se respetan; otros tienen derechos que se negocian según el humor del poder. Y la incertidumbre que eso genera no paraliza solamente a los directamente afectados —paraliza también a quienes todavía no han sido tocados, pero saben que podrían serlo.
Esa parálisis es, también, un resultado buscado.
En LaGuardia, dos pilotos murieron esta semana cuando su avión colisionó con una ambulancia en la pista. La noticia duró un ciclo informativo antes de ser desplazada por los operativos migratorios y los titulares del gabinete. La tragedia se volvió dato. Los dos hombres se volvieron cifra.
En algún lugar, hay dos familias que esta noche no pueden entender cómo el mundo siguió girando tan rápido después de que el suyo se detuvo.
Quizás esa sea la imagen más honesta de este momento: un país que produce noticias a una velocidad que no deja tiempo para el duelo, donde cien mil trabajadores sin cobrar compiten por atención con cientos de agentes en los aeropuertos, con guerras comerciales y tensiones geopolíticas y fusiones corporativas y escándalos que se acumulan como capas de sedimento.
Y en el centro de todo eso, una señora mayor con un bolso de asas desgastadas que aprende, una vez más, que el aeropuerto también puede ser un lugar donde te piden que demuestres que tienes derecho a estar.
Por Roberto Medina