Cien mil funcionarios federales sin salario. Cientos de agentes de ICE en los terminales. No es contradicción: es el mismo proyecto.

Julissa Morales llegó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el martes pasado con su hija de siete años y un boleto de regreso a Guadalajara. Tenía visa de turista vigente. Tenía pasaporte en regla. Tenía, también, la desgracia de llamarse como se llama y de venir de donde viene. Los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas —ICE, por sus siglas en inglés— la detuvieron durante tres horas en una sala secundaria. No había orden judicial. No había causa documentada. Cuando la liberaron, no le explicaron por qué la habían retenido. Tampoco por qué la dejaban ir.

El caso de Julissa no es un incidente aislado. Es el resultado directo de una decisión administrativa tomada en Washington: el despliegue de cientos de agentes de ICE en catorce aeropuertos de Estados Unidos, ordenado por la administración Trump como parte de lo que la Casa Blanca llama una "operación de seguridad interior reforzada". Según reportes del New York Times y The Washington Post, los agentes tienen instrucciones amplias y discrecionales para interrogar, retener y procesar a viajeros que, según criterios que la administración se ha negado a precisar públicamente, representen un "riesgo migratorio". En la práctica, eso ha significado: ser latinoamericano, tener nombre en español, viajar en ciertos vuelos.

El miedo en los terminales aéreos es medible. Las aerolíneas han reportado un incremento en cancelaciones de vuelos internacionales hacia ciudades con grandes comunidades migrantes. Organizaciones de derechos humanos como el American Civil Liberties Union (ACLU) han documentado más de doscientos casos de detenciones en aeropuertos durante las últimas tres semanas, la mayoría sin cargos formales ni notificación consular.

Pero hay otra imagen que ocurre al mismo tiempo, en el mismo gobierno, y que los grandes medios no suelen colocar en el mismo encuadre.

Mientras ICE despliega cientos de agentes en los aeropuertos, aproximadamente cien mil funcionarios federales llevan semanas sin recibir su salario. No por recorte aprobado en el Congreso. No por falta de presupuesto legislativo. Sino por una decisión unilateral del Ejecutivo, enmarcada en la llamada "reestructuración" del aparato federal impulsada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental —el organismo de facto dirigido por Elon Musk bajo el acrónimo DOGE—. El nuevo secretario de Seguridad Nacional, Sean Duffy, asumió su cargo esta semana con la herencia inmediata de ese conflicto: decenas de miles de empleados de su propio departamento, incluidos agentes de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) y personal de la Guardia Costera, sin cobrar.

La Guardia Costera, específicamente, atraviesa una crisis que sus propios representantes sindicales han calificado de "sin precedente en tiempos de paz". Según datos del Congreso citados por ProPublica, varios miembros activos han recurrido a bancos de alimentos. Algunos han solicitado licencias no remuneradas para buscar trabajo temporal. La Guardia Costera es, entre otras cosas, el cuerpo encargado de los rescates marítimos en el Golfo de México y el Caribe —la misma ruta por la que miles de migrantes intentan cruzar cada año.

La pregunta que hay que hacer aquí no es si la administración Trump es incoherente. No lo es. La coherencia es exactamente el problema.

No hay contradicción entre dejar sin pago a cien mil trabajadores del Estado y desplegar una fuerza intimidatoria en los aeropuertos. Son dos caras del mismo proyecto político: un Estado que se encoge donde protege a sus propios trabajadores y se expande donde persigue a los más vulnerables. Un Estado que aplica la "eficiencia" sobre quienes dependen de un cheque gubernamental para pagar la renta, y que encuentra recursos ilimitados cuando se trata de generar miedo en las salas de espera de los terminales aéreos.

El mecanismo es más viejo que Trump. Se llama austeridad selectiva. No se recorta el gasto en seguridad —en realidad, el presupuesto de ICE ha crecido sostenidamente desde 2017—. Se recorta el gasto en las agencias que cuidan a la gente: FEMA, salud pública, educación, vivienda. Lo que se elimina no es el Estado. Es la parte del Estado que no intimida.

La cadena de responsabilidad es clara y no requiere especulación. El presidente Donald Trump firmó las órdenes ejecutivas que habilitaron tanto el despliegue en aeropuertos como la "reestructuración" que dejó sin pago a decenas de miles de empleados federales. El Congreso republicano, controlado por una mayoría que ha bloqueado sistemáticamente cualquier mecanismo de supervisión independiente sobre DOGE, es cómplice por inacción. Sean Duffy, el nuevo secretario de Seguridad Nacional, asumió sin exigir públicamente la regularización salarial de sus propios subalternos antes de tomar posesión. Y Elon Musk —ciudadano naturalizado, empresario con contratos federales multimillonarios, operador político sin cargo electivo— diseña la arquitectura de ese desmantelamiento desde una posición que no tiene nombre en la Constitución estadounidense.

La pregunta incómoda, la que no aparece en los noticieros que cubren el "caos en los aeropuertos" como si fuera un fenómeno climático, es esta: ¿quién autoriza a un hombre sin cargo público a decidir qué parte del gobierno federal existe y qué parte no?

Musk no fue electo. No fue confirmado por el Senado. No rinde cuentas ante ningún comité de supervisión con poder real. Y sin embargo, las decisiones que emanan de DOGE tienen consecuencias directas sobre los salarios de cien mil personas, sobre la capacidad operativa de agencias de emergencia, sobre la vida cotidiana de trabajadores que un día tenían empleo federal y al siguiente no saben si van a cobrar.

Eso no es eficiencia. Es poder sin nombre.

Julissa Morales tomó su vuelo de regreso a Guadalajara con tres horas de retraso y sin ninguna explicación oficial. Su hija de siete años le preguntó, según contó a una organización de derechos humanos que documentó el caso, si habían hecho algo malo.

Julissa le dijo que no.

Lo que no le dijo —porque cómo se le explica eso a una niña de siete años— es que en este momento, en este país, no hace falta haber hecho nada malo. Hace falta, simplemente, ser la persona equivocada en el aeropuerto equivocado, en el momento en que alguien necesita demostrar que el Estado todavía tiene fuerza.

La tiene. Solo que ya no la usa para pagar los sueldos de sus propios trabajadores.

Por Carmen Delgado