Agencias federales adquieren información personal recopilada para publicidad dirigida, eludiendo protecciones constitucionales

En la frontera de El Paso, María Elena sigue caminando con cuidado. No es paranoia: sabe que su teléfono, el que usa para hablar con su hijo en Juárez y para buscar trabajo en construcción, es un registro vivo de sus movimientos. Ahora, un reporte verificado del 25 de marzo de 2026 revela que ese teléfono —y el de millones como ella— es un recurso que el gobierno federal compra sin una sola orden judicial.

Agencias gubernamentales, incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), están adquiriendo masivamente datos personales de ciudadanos y migrantes a través de intermediarios especializados en la recopilación de información. Estos datos provienen de teléfonos móviles y navegadores web, rastreados continuamente mientras las personas se mueven, compran, buscan, viven.

El mecanismo es simple y devastador: empresas intermediarias —los llamados "data brokers"— compilan información sobre millones de usuarios. Originalmente, esta información se vende a empresas de publicidad para dirigir anuncios más precisos. Pero ahora, sin que la mayoría de las personas lo sepa, esos mismos intermediarios venden acceso a agencias federales que buscan rastrear movimientos, patrones de vida, conexiones personales.

"Es como si te estuvieran observando constantemente, pero sin el requisito legal básico: una orden de un juez", explica un defensor de derechos civiles que trabaja en la frontera.

La Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece protecciones claras contra búsquedas irracionales. Normalmente, si el gobierno quiere acceso a información personal sobre un ciudadano —donde fue, qué buscó, con quién se comunicó— necesita presentar pruebas ante un juez y obtener una orden. Es un mecanismo imperfecto, pero existe. Pero cuando el gobierno compra datos de intermediarios privados, esa protección simplemente desaparece.

Para los migrantes y comunidades fronterizas, esto es particularmente grave. Un trabajador agrícola indocumentado que cruza regularmente entre Nogales, Arizona y Nogales, Sonora por razones de empleo ahora puede ser rastreado con precisión milimétrica. No por sospechas de crimen alguno. Simplemente porque su teléfono fue comprado en un paquete de datos.

En Matamoros, donde familias esperan en campamentos temporales para solicitar asilo, el impacto es inmediato. Los datos de ubicación de esas personas —dónde duermen, a qué hora se despiertan, a dónde van cada día— están disponibles para agencias de deportación. Sin que esas personas hayan cometido delito alguno más que buscar una vida mejor.

Lo que muchos no entienden es cómo funciona esta compra. No es que ICE, de repente, haya desarrollado capacidad técnica propia para acceder a datos. No. Las agencias simplemente contratan a intermediarios que ya tienen estos datos compilados. Es subcontratar la vigilancia. Es tercerizar el lado sucio de la represión migratoria para mantener una distancia legal plausible.

Estos intermediarios de datos operan en una zona gris legal. Argumentan que la información que venden es "anonimizada" o "agregada". Pero en la práctica, con datos de ubicación y comportamiento, la "anonimización" es casi imposible. Especialmente si una agencia está buscando a una persona específica.

En los campamentos alrededor de Ciudad Juárez, donde miles de personas esperan resoluciones migratorias, la realidad de esto golpea diferente. No es abstracto. Es: el gobierno sabe dónde estás, cuándo te mueves, a dónde vas, sin que hayas tenido oportunidad de defender tus derechos en una corte.

Para ciudadanos estadounidenses también representa un quiebre fundamental. Si bien los migrantes sin documentos tienen derechos constitucionales limitados, los ciudadanos tienen protecciones plenas. Pero esas protecciones solo funcionan si existen mecanismos legales que las ejecuten. Comprar datos a intermediarios privados es, efectivamente, un atajo para eludir esos mecanismos.

La pregunta ahora es: ¿qué se va a hacer? Hasta ahora, pocos legisladores han enfrentado el tema seriamente. Es más fácil hablar de "control fronterizo" que de admitir que las agencias federales están creando un sistema de vigilancia masiva que elude protecciones constitucionales básicas.

En la frontera, la gente ya sabe que la privacidad es un lujo. Pero ahora, incluso ese entendimiento es insuficiente. El gobierno no solo te está mirando cuando cruzas un puente. Te está mirando todos los días, en todo lugar, compilando un perfil de tu vida entera. Y lo está haciendo sin necesidad de justificación legal alguna.

Ese es el verdadero costo de una frontera militarizada: no solo los muros de concreto. Es la vigilancia total, sin voz de protesta, sin defensa posible. Es la vida entera convertida en dato, y el dato convertido en arma.

Por Martin Salazar