Cuando la vigilancia se convierte en infraestructura del miedo, lo que se pierde no es solo la privacidad: es la posibilidad de existir sin permiso
En una lavandería del noroeste de Chicago, un hombre dobla ropa con la precisión de quien lleva años practicando el arte de no llamar la atención. No habla con nadie. Paga en efectivo. Sale antes de que anochezca. No es que tenga algo que esconder — es que aprendió, de la manera más difícil, que existir de cierta forma en ciertos lugares puede costar demasiado. Su nombre no importa aquí. Lo que importa es el gesto: esa economía del movimiento que desarrollan quienes saben que alguien, en algún lugar, podría estar mirando.
Esa escena, repetida en miles de variaciones a lo largo y ancho de Estados Unidos, es el contexto humano que los boletines de prensa no capturan cuando hablan de «bases de datos» y «contratos de vigilancia». Esta semana se confirmó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) compró, sin orden judicial, datos de ubicación de decenas de millones de personas en territorio estadounidense. Al mismo tiempo, el Senado confirmó a Mike Mullin como secretario de Seguridad Nacional, la Casa Blanca anunció la creación de una nueva unidad policial para investigar supuesto fraude en programas sociales, y el gobierno federal cerró sus puertas dejando sin pago a miles de trabajadores esenciales, incluyendo controladores de tráfico aéreo. Todo en la misma semana. Todo bajo la misma lógica.
No son noticias separadas. Son piezas del mismo mecanismo.
Hay una diferencia importante entre un Estado que vigila y un Estado que compra vigilancia. El primero, al menos en teoría, responde a marcos legales, a jueces, a procesos. El segundo opera en el mercado: encuentra un vendedor de datos, firma un contrato, obtiene información que de otra manera requeriría meses de litigios y órdenes judiciales. Lo que antes era una barrera institucional — diseñada, con todas sus imperfecciones, para proteger derechos — se convierte en un trámite administrativo. Se saltó el juez. Se saltó la Constitución. Se usó la tarjeta corporativa.
Lo que ICE adquirió no es solo información: es infraestructura de control. Datos de ubicación en tiempo real, patrones de movimiento, rutinas. La tecnología no discrimina entre quien tiene documentos y quien no, entre el ciudadano y el migrante. Registra cuerpos en el espacio. Y cuando esos registros llegan a manos de una agencia que ha sido rediseñada, en los últimos meses, para operar con menos supervisión y más velocidad, el resultado no es seguridad: es una red que cualquiera puede activar contra cualquiera.
El sociólogo estadounidense David Lyon lleva décadas estudiando lo que llama «cultura de la vigilancia»: el proceso por el cual las sociedades normalizan el monitoreo como condición de la vida cotidiana. Su argumento central es que la vigilancia no necesita ser totalitaria para ser efectiva. Basta con que la gente sepa que podría estar siendo observada. El efecto disciplinario no requiere que el ojo esté siempre abierto — requiere que nunca puedas estar seguro de que está cerrado.
Eso es lo que se está construyendo. No un panóptico de ciencia ficción, sino algo más mundano y por eso más resistente: una arquitectura de incertidumbre.
La nueva unidad policial contra el «fraude» en programas sociales merece leerse en ese mismo registro. El fraude existe, claro — en cualquier sistema a escala hay errores y abusos. Pero cuando una administración que ha desfinanciado la supervisión independiente, que ha despedido a inspectores generales, que ha recortado agencias reguladoras, de repente anuncia que va a «proteger» el dinero público creando su propia policía interna, la pregunta no es si hay fraude. La pregunta es: ¿fraude de quién, detectado por quién, con qué criterios?
Los programas sociales en Estados Unidos — Medicaid, cupones de alimentos, asistencia para vivienda — no son dádivas. Son transferencias parciales hacia comunidades que el mercado ha empobrecido sistemáticamente. Atacarlos con el lenguaje del fraude es una táctica vieja: convierte a los beneficiarios en sospechosos, hace que reclamar un derecho se sienta como exponerse a una investigación, y termina reduciendo la participación entre quienes más necesitan el apoyo. No por engaño, sino por miedo.
El miedo, otra vez. El miedo como política pública.
Mientras tanto, los aeropuertos. El cierre del gobierno dejó sin pago a los controladores de tráfico aéreo — trabajadores que coordinan, en tiempo real, el movimiento de miles de aviones con millones de pasajeros. Algunos empezaron a llamar al trabajo enfermo. Otros simplemente no llegaron. Los retrasos se acumularon en Newark, en Atlanta, en Dallas. Y la pregunta que nadie en los noticieros de horario estelar formuló con suficiente claridad fue esta: ¿por qué la democracia más rica del mundo no puede garantizarle el salario a la persona que decide si tu avión puede aterrizar?
La respuesta no es técnica. Es política. Es que hay una visión del Estado que lo concibe como obstáculo, no como garantía. Que cree que si se adelgaza lo suficiente, el mercado llenará los huecos. Lo que no dice es que el mercado llena los huecos solo cuando hay rentabilidad. Y nadie hace negocio con un controlador aéreo sin pagar.
Hay algo revelador en que todo esto ocurra en la misma semana en que Florida — Florida, el estado de Mar-a-Lago, del culto más consolidado al trumpismo — le dio una victoria inesperada a una candidata demócrata en una elección especial. No es una señal de que la marea cambió. Es una señal de que la gente, incluso en los bastiones más sólidos, empieza a calcular diferente cuando las consecuencias se hacen concretas: el vuelo retrasado, la clínica que cierra, el vecino que desapareció una mañana de martes.
Lo que une todos estos hilos no es la ideología en abstracto. Es una experiencia social muy específica: la sensación de que el suelo no es firme. Que las reglas cambian sin aviso. Que lo que ayer era un derecho hoy puede ser una trampa. Los sociólogos llaman a esto precariedad existencial — no solo económica, sino ontológica. No saber quién eres ante el Estado, qué debes, qué puedes reclamar, si te están mirando y con qué intención.
Esa precariedad no afecta igual a todos. Afecta más a quienes ya vivían en los márgenes: los migrantes, los pobres, los que dependen de programas públicos para llegar a fin de mes. Pero se extiende. Se filtra. Llega a los trabajadores que no saben si habrá presupuesto el próximo mes, a los ciudadanos que empiezan a preguntarse qué hace el gobierno con su número de teléfono.
El hombre de la lavandería ya sabía lo que mucha gente apenas empieza a aprender: que en un Estado que te ve sin mirarte, el primer acto de resistencia es, a veces, simplemente doblar la ropa y salir antes de que anochezca.
¿Y después de eso, qué?
Por Roberto Medina