ICE compra datos de millones de migrantes a empresas privadas. No necesita orden judicial. No necesita que sepas que existes en su sistema.

Marisol tiene 34 años, dos hijos nacidos en Texas y una dirección que cambió cuatro veces en los últimos tres años. No por capricho: por miedo. Cada mudanza fue un cálculo silencioso entre el costo de un nuevo depósito y el costo de que alguien, en alguna base de datos que ella nunca firmó, actualizara su ubicación. Lo que Marisol no sabe —lo que casi nadie le ha dicho con todas sus letras— es que ese cálculo ya no sirve de nada. Que la dirección que dio al arrendar su departamento, el número de teléfono que registró en una farmacia de descuento, el correo electrónico que usó para pagar la luz, ya forman parte de un expediente que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) compró a empresas de datos sin presentar una sola orden judicial.

No es una metáfora. Es el mecanismo.

En las últimas semanas, investigaciones de medios como The Guardian, Wired y el Electronic Privacy Information Center han documentado con contratos públicos lo que la retórica oficial prefiere dejar en penumbra: ICE ha adquirido acceso a bases de datos comerciales que agregan información de miles de millones de registros privados. Los proveedores tienen nombres corporativos anodinos —LexisNexis Risk Solutions, Thomson Reuters, Babel Street— pero su negocio es concreto: compran, cruzan y revenden información que los ciudadanos entregaron, en su mayoría, para propósitos completamente distintos. Historiales de renta. Matrículas vehiculares. Números de teléfono. Redes de asociación familiar. Direcciones históricas.

El contrato entre ICE y LexisNexis Risk Solutions, vigente y renovable, supera los 22 millones de dólares. El de Thomson Reuters con agencias federales de migración suma decenas de millones adicionales. No son filtraciones ni acusaciones: son documentos de compra pública, disponibles bajo la Ley de Libertad de Información, que describen con precisión lo que el gobierno federal está adquiriendo y para qué.

Lo que están comprando es, en esencia, un mapa de personas que jamás consintieron en ser mapeadas.

El mecanismo jurídico que hace posible todo esto tiene nombre técnico: la doctrina del tercero. En términos simples: si usted entregó su información a una empresa privada, el gobierno puede obtenerla de esa empresa sin necesidad de una orden judicial, porque usted ya la "compartió voluntariamente" con un tercero. La Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege contra búsquedas e incautaciones irrazonables, no aplica —según interpretaciones judiciales tradicionales— a la información que los ciudadanos ceden a corporaciones.

El problema, como han señalado organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), es que esa doctrina fue diseñada en una era donde "compartir información con un tercero" significaba algo radicalmente distinto. En 1979, la Corte Suprema resolvió Smith v. Maryland con base en los registros de llamadas de una compañía telefónica. Nadie estaba pensando en el ecosistema de datos del siglo XXI, donde cada aplicación, cada tarjeta de descuento, cada plataforma de pagos construye un perfil de comportamiento mucho más detallado que cualquier vigilancia directa del Estado.

En 2018, en Carpenter v. United States, la Corte Suprema comenzó a matizar esa doctrina al exigir orden judicial para datos de geolocalización de teléfonos celulares. Pero la brecha sigue siendo enorme. ICE opera en ese espacio intermedio, comprando lo que no puede obtener directamente sin orden judicial, a empresas que sí pueden recopilarlo sin restricción constitucional.

La ingeniería legal está diseñada para que el Estado haga, por delegación corporativa, lo que le estaría prohibido hacer directamente.

La cadena de responsabilidad no es difusa. El secretario de Seguridad Nacional recién confirmado por el Senado, el republicano de Oklahoma Brian Mullin, supervisará la agencia que ejecuta estos contratos. La confirmación se produjo con el respaldo de la mayoría republicana, que lleva meses argumentando que la "seguridad fronteriza" justifica ampliar las herramientas de vigilancia. El presidente Donald Trump firmó en enero de 2025 una serie de órdenes ejecutivas que instruyeron a ICE a maximizar las deportaciones y eliminar restricciones operativas. La Oficina de Gestión y Presupuesto aprobó el gasto. Las empresas de datos facturaron.

No hay zona gris en la autoría institucional de este sistema. Cada eslabón tiene nombre, cargo y firma.

Lo que las empresas reciben, a cambio de los millones del contrato, es algo que vale más que el dinero: legitimidad. Vender datos a ICE no viola ninguna ley federal vigente. Las políticas de privacidad de LexisNexis y Thomson Reuters permiten explícitamente compartir información con agencias gubernamentales "según lo requiera o permita la ley". El usuario que registró su dirección en una plataforma de servicios aceptó, en alguna pantalla que nadie lee, que su información podría fluir hacia usos que no imaginó.

Aquí está la pregunta que la cobertura convencional no formula: ¿Por qué una persona como Marisol, que no ha cometido ningún delito que no sea cruzar una frontera sin documento, tiene menos derecho a la privacidad de su domicilio que el ciudadano que vende esos datos para vivir?

Las garantías constitucionales de la Cuarta Enmienda se aplican, en principio, a "personas", no solo a ciudadanos. Los tribunales han reconocido esto. Pero la arquitectura del sistema de vigilancia por datos comerciales opera antes de cualquier proceso judicial: recopila, perfila y localiza sin que haya una acusación, sin que haya un juez, sin que haya una defensa posible. Para cuando existe el proceso legal, el mapa ya fue dibujado.

No es un fallo del sistema. Es el diseño del sistema.

Marisol cambió cuatro veces de dirección porque creyó que el espacio físico podía ser un escudo. No lo es. La dirección que dio al firmar el arrendamiento fue verificada por la arrendadora en una base de datos comercial. Esa base de datos fue vendida o licenciada a un agregador. Ese agregador tiene contrato con ICE.

El mapa se dibujó solo. Sin su consentimiento. Sin que nadie le explicara que cada transacción cotidiana —la farmacia, el teléfono, el banco— era también una coordenada.

La pregunta que este sistema rehúye responder es simple y brutal: si el Estado no puede vigilarte directamente sin orden judicial, ¿qué diferencia hay entre eso y pagar a una empresa para que lo haga por él?

La diferencia, en este momento, es solo de precio. Y ya fue pagada.

Por Carmen Delgado