Mientras la administración Trump construye la infraestructura de vigilancia más ambiciosa en la historia reciente, millones de personas descubren que el gobierno puede saberlo todo sobre ellas y darles nada a cambio.

Marisela tiene 34 años, dos hijos, y una dirección que nunca le dio a ninguna agencia federal. Llegó a Houston hace once años, cruzando por un punto que ya no existe en ningún mapa oficial. Trabaja limpiando oficinas de madrugada, paga impuestos con un número ITIN, y manda dinero a Puebla cada quincena. Marisela no tiene expediente con el gobierno. O eso creía.

Esta semana supimos que ICE lleva meses comprando bases de datos comerciales que incluyen nombres, direcciones, números de teléfono y patrones de movimiento de millones de personas en Estados Unidos, sin orden judicial, sin notificación, sin ningún tipo de supervisión democrática. Los datos que Marisela nunca entregó al gobierno llegaron al gobierno de todas formas: los vendió la aplicación que usa para pagar la renta, o el servicio que le manda alertas del clima, o la tienda donde compra despensa con tarjeta de débito. El mercado de datos no le preguntó si quería participar. Tampoco lo hizo ICE.

Eso es lo que pasó esta semana. Y eso es lo que este medio considera la historia más importante del momento, no porque sea la más llamativa, sino porque es la que define qué tipo de Estado están construyendo en Washington, y a costa de quién.

La edición de hoy cuenta varios hilos que parecen separados y no lo son. La confirmación de Michael Mullin como secretario de Seguridad Nacional. La creación de una unidad presidencial para investigar supuesto fraude en los programas sociales. El cierre parcial del gobierno que deja sin pago a trabajadores federales mientras los aeropuertos funcionan con personal operando sin salario. La señal electoral que llegó desde Florida, donde una candidata demócrata ganó en un distrito que rodea Mar-a-Lago. Y luego, debajo de todo, el sistema nervioso que conecta cada una de estas historias: la infraestructura de vigilancia que la administración Trump está montando pieza por pieza, con o sin el respaldo de la ley.

No son historias paralelas. Son capas del mismo proyecto.

El patrón es este: primero se construye la capacidad de ver. Luego se define quién merece ser visto con sospecha. Luego se actúa sobre esa sospecha sin rendir cuentas a nadie. Lo que esta semana denunciamos sobre la compra de datos migratorios es la primera capa. Lo que esta semana denunciamos sobre la nueva unidad antifraude en programas sociales es la segunda. Y la confirmación de Mullin, un hombre sin experiencia real en seguridad nacional pero con lealtad probada al proyecto trumpista, es la garantía de que la tercera capa tendrá quien la ejecute.

Semilla News no dice que vigilar sea siempre ilegítimo. Dice que la vigilancia sin contrapeso judicial, sin transparencia, sin posibilidad de impugnación, es una herramienta de control, no de seguridad. Y dice que cuando esa herramienta se orienta primero hacia los más vulnerables, hacia quienes no tienen papeles, ni abogados, ni representación política, la pregunta no es técnica. Es moral.

Hay una complejidad que no podemos ignorar. El fraude en programas sociales existe. No es una invención de la derecha: hay estudios serios, incluidos los del propio gobierno federal en administraciones demócratas, que documentan pagos indebidos, errores sistémicos, casos de abuso. Señalar eso no es ceder terreno. Es ser honestos.

La pregunta que este medio sí hace es otra: ¿por qué la respuesta a ese problema es una unidad que responde directamente al presidente, sin supervisión del Congreso, con facultades amplias y definición laxa de lo que constituye fraude? ¿Por qué la solución no es fortalecer las auditorías internas existentes, sino crear una estructura paralela de control político? ¿A quién le conviene que el concepto de fraude sea elástico?

Las respuestas no son difíciles de encontrar si se sigue el dinero y se mira el historial. Los programas que estarán bajo escrutinio son exactamente los que benefician a las poblaciones que el trumpismo ha identificado como adversarias: beneficiarios de Medicaid en estados con alta población migrante, receptores de asistencia alimentaria en comunidades negras y latinas, trabajadores que acceden a créditos fiscales por ingreso del trabajo. No es coincidencia. Es arquitectura.

Y sin embargo, esta semana también pasó algo que importa mirar con atención sin caer en el entusiasmo fácil: en Florida, en el corazón del territorio simbólico de Trump, una candidata demócrata ganó una elección especial en un distrito que se suponía seguro para los republicanos. Emily Gregory no ganó por márgenes históricos. Ganó por suficiente.

No es una señal de que la marea cambió. Una elección especial en un distrito no es una tendencia. Pero sí es una señal de que el miedo que el trumpismo intenta instalar, ese miedo que dice "esto ya está decidido, ya ganaron, ya no hay nada que hacer", no está funcionando de manera uniforme. Hay personas que están respondiendo. Hay comunidades que están organizándose. Eso también es parte de la historia del día, y sería deshonesto no contarla.

Volvamos a Marisela.

Ella no sabe que esta semana el Senado confirmó a un nuevo secretario de Seguridad Nacional. No sabe que hay una base de datos en algún servidor federal que probablemente ya tiene su dirección. No sabe que la unidad antifraude que Trump acaba de crear podría revisar si el crédito fiscal que recibió el año pasado estaba bien calculado.

Ella sabe que tiene que estar en el trabajo a las once de la noche. Que el miércoles manda dinero a Puebla. Que su hijo mayor quiere estudiar enfermería.

Lo que este medio pregunta hoy, y lo que creemos que todos deberíamos preguntarnos, es muy sencillo y muy urgente: ¿qué tipo de Estado estamos dispuestos a aceptar? ¿Uno que sabe dónde vives pero no te garantiza que tus hijos tendrán médico? ¿Uno que puede rastrearte sin orden judicial pero no puede pagarte un salario digno? ¿Uno que construye la infraestructura de la vigilancia con la misma velocidad con la que desmantela la infraestructura del cuidado?

Esa es la disyuntiva. No es abstracta. Tiene el nombre de Marisela. Y tiene el de millones más que esta semana, sin saberlo, quedaron un paso más expuestos ante un Estado que los ve sin protegerlos.

Por Isabel Vega