Mientras Trump reencuadra la guerra comercial como patriotismo, una familia en el medio del país paga la cuenta que otros firmaron
Sandra Mejía trabaja en una línea de ensamblaje en Dalton, Georgia. Produce alfombras. Su planta usa hilo sintético importado de Vietnam y maquinaria cuyas piezas de repuesto llegan desde China. En marzo, su supervisor le dijo que los turnos se reducirían de cinco días a cuatro. No fue un anuncio formal. Fue una conversación de tres minutos junto a una máquina que seguía funcionando. La razón: los aranceles habían encarecido los insumos hasta un punto en que la planta no podía sostener el mismo ritmo de producción sin ajustar costos. Sandra no sabe qué es una tarifa arancelaria. Sabe que ahora gana menos.
Esa brecha —entre la decisión y su consecuencia— es el centro de lo que ocurre hoy con la política comercial de la administración Trump.
El mecanismo
En abril de 2025, los aranceles estadounidenses alcanzaron niveles que no se veían desde la década de 1940. Según datos del Peterson Institute for International Economics, la tasa arancelaria promedio efectiva sobre importaciones llegó a superar el 22%, comparada con el 2.5% que prevalecía antes de 2018. La Casa Blanca lo llama "reciprocidad". Los economistas lo llaman el impuesto más regresivo de la temporada.
¿Por qué regresivo? Porque los aranceles no los pagan las empresas extranjeras. Los pagan los importadores estadounidenses, que trasladan el costo a los precios al consumidor. Un estudio publicado por el National Bureau of Economic Research calculó que el costo de los aranceles de la primera era Trump recayó en casi un 100% sobre los hogares estadounidenses, con una carga proporcionalmente mayor en los de menores ingresos, que destinan una fracción más alta de su gasto a bienes de consumo básico.
Lo que ha cambiado en 2025 no es la lógica —sigue siendo la misma— sino la escala. Los nuevos aranceles abarcan no solo a China sino a casi todos los socios comerciales importantes: la Unión Europea, Canadá, México, Vietnam, India. El resultado es una presión de costos simultánea sobre múltiples cadenas de suministro que la economía estadounidense construyó durante décadas precisamente para abaratar la producción.
La cadena de responsabilidad
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha defendido los aranceles argumentando que el "dolor a corto plazo" generará "ganancias a largo plazo" al reubicar la manufactura dentro de los Estados Unidos. Es un argumento que merece tomarse en serio —y luego desmontarse con los datos disponibles.
Primero: las empresas no reubican plantas en semanas ni meses. Un proceso de relocalización industrial requiere años, infraestructura, formación de mano de obra calificada y certeza regulatoria. Ninguna de esas condiciones existe hoy en el entorno de máxima incertidumbre que generan los propios aranceles, que la administración ha modificado, pausado y reactivado en un patrón que hace imposible cualquier planeación empresarial de mediano plazo.
Segundo: las industrias que más han presionado por aranceles proteccionistas —acero, aluminio— han experimentado aumentos de precio que perjudican a los sectores que usan esos materiales como insumo. La industria automotriz, la construcción, los fabricantes de electrodomésticos: todos han reportado incrementos de costo que se traducen, de nuevo, en precios más altos para el consumidor final.
Tercero —y esto es lo que la cobertura convencional tiende a omitir—: los grandes grupos empresariales con capacidad de cabildeo han negociado exenciones. El mecanismo de exclusión arancelaria existe, pero es opaco, discrecional y accesible principalmente para corporaciones con abogados especializados en comercio internacional. Una empresa mediana en Georgia no tiene esos recursos. Sandra Mejía, definitivamente, tampoco.
La decisión la toma la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, bajo instrucción directa del ejecutivo. La ejecutan las aduanas. La pagan los que no tienen voz en ninguna de esas dos instancias.
La pregunta que nadie hace en los noticieros
La cobertura dominante de los aranceles trata el conflicto como un duelo geopolítico: Estados Unidos versus China, Occidente versus el resto. Es un encuadre que convierte una política fiscal regresiva en narrativa de soberanía nacional. Y funciona.
Lo que esa narrativa suprime es la pregunta más evidente: ¿a quién beneficia concretamente esta política?
La respuesta no está en los discursos de Trump. Está en los reportes de ganancias corporativas. Las empresas con capacidad de absorber el costo arancelario mediante economías de escala, o de trasladarlo íntegramente al consumidor sin perder mercado por falta de competencia real, salen mejor paradas que sus rivales más pequeños. La concentración de mercado —ya altísima en sectores como retail, alimentos procesados y telecomunicaciones— se profundiza cuando los márgenes se estrechan y los actores medianos no pueden sobrevivir.
En paralelo, el discurso arancelario ha operado como cortina de humo eficaz sobre otra agenda: la desregulación financiera, los recortes al gasto social y las deportaciones masivas que han retirado del mercado laboral a cientos de miles de trabajadores, muchos de ellos en sectores de manufactura y agricultura que ahora, irónicamente, se presentan como los beneficiarios del proteccionismo.
No es una contradicción accidental. Es el diseño.
La imagen que queda
El 2 de abril, la administración Trump llamó al anuncio de su paquete arancelario "el Día de la Liberación". Hubo banderas. Hubo aplausos en la sala East Room de la Casa Blanca. Hubo ejecutivos de industrias protegidas en primera fila.
Ese mismo día, en Dalton, Georgia, Sandra Mejía terminó su turno reducido, recogió su cheque más delgado y calculó si podía seguir pagando la guardería de su hijo mientras los precios en el supermercado no dejaban de subir.
Nadie la invitó a la ceremonia.
Nadie le explicó de qué se estaba liberando.
Lo que sí sabe —porque lo vive cada quincena— es que la distancia entre quienes firman las políticas y quienes pagan sus consecuencias no ha hecho más que crecer. Y que esa distancia tiene un nombre que los discursos presidenciales nunca pronuncian: es la distancia exacta entre el poder y la gente que trabaja para sostenerlo.
Por Carmen Delgado