La solicitud presupuestaria más grande en décadas para militar contrasta con recortes del 10% a servicios públicos que millones de estadounidenses necesitan para sobrevivir

En la frontera de Ciudad Juárez, María Elena trabaja en una maquiladora ocho horas diarias. Cuando se enferma, no va al médico porque no tiene seguro. Su hijo asiste a una escuela pública que cada año pierde más recursos. Hace una semana, le informaron que el programa de comidas escolares podría reducirse. "¿Cómo me pongo a escoger entre la renta y una comida decente para mi hijo?", pregunta mientras observa hacia El Paso.

Esta semana, el presidente Trump presentó su solicitud presupuestaria para 2027: $1.5 billones destinados a defensa, la cifra más grande en décadas. Simultáneamente, propone cortes del 10% en gasto no defensivo, lo que significa menos recursos para educación, salud pública, nutrición infantil y servicios sociales.

Los números son abstractos hasta que se traducen en realidad. $1.5 billones para armamento, misiles, portaviones y operaciones militares globales. Pero también significa menos dinero para las escuelas que atienden a hijos de trabajadores. Menos presupuesto para los centros de salud comunitarios. Menos apoyo para los programas que evitan que familias como la de María Elena caigan por completo.

Esta propuesta no surge del vacío. Es la manifestación de una jerarquía de prioridades muy clara en Washington: la máquina militar primero, la gente después.

La máquina de guerra versus la vida cotidiana

En la frontera, estos números tienen rostros. En Nogales, Arizona, trabajadores migrantes dependen de clínicas móviles financiadas con presupuestos federales que ahora serían recortados. En El Paso, estudiantes de preparatoria en distritos escolares con alta población latina ya enfrentan aulas sobrepobladas y maestros sin recursos. Un corte del 10% en gasto doméstico no es un ajuste técnico—es el cierre de oportunidades.

Los republicanos en Washington argumentan que el gasto militar es "inversión en seguridad". Pero ¿seguridad de quién? Una madre en Phoenix que trabaja como asistente de enfermera no se siente más segura porque haya más dinero para misiles. Un padre en San Antonio que lucha por mantener a su familia no experimenta esa seguridad en su salario estancado, en sus horas cada vez más precarias, en su acceso negado a salud de calidad.

Mientras tanto, el presupuesto militar de Estados Unidos ya es mayor al de los próximos diez países combinados. Estados Unidos gasta más en defensa que en cualquier otra nación del planeta. Y aun así, cada año la solicitud crece.

El falso dilema

La narrativa oficial dice que es un dilema inevitable: o tenemos defensa o tenemos programas sociales. Esto es falso. Es una elección política disfrazada de necesidad.

Durante la pandemia, el Congreso fue capaz de movilizar trillones de dólares en meses para rescatar bancos y corporaciones. No hubo debate sobre "cómo pagarlo". Simplemente se hizo. Luego, cuando se habla de financiar educación pública universal o medicinas accesibles, de repente el dinero "no existe".

En México, durante la administración actual, se ha priorizando la austeridad, pero con un argumento diferente: eliminar la corrupción y los gastos innecesarios para redirigir recursos hacia programas sociales. En Estados Unidos, bajo Trump, la propuesta es la inversa: eliminar programas sociales para financiar el gasto militar.

Son dos formas opuestas de entender qué debe financiarse con recursos públicos. Una pregunta: ¿quién merece la prioridad del Estado? ¿Las máquinas de guerra o las familias trabajadoras?

Consecuencias en la frontera

En comunidades transfronterizas como Ciudad Juárez y El Paso, los cortes a programas domésticos estadounidenses afectan directamente. Menos presupuesto para educación significa menos oportunidades educativas para hijos de trabajadores migrantes. Menos financiamiento para salud pública impacta a comunidades donde el acceso a medicina preventiva ya es limitado.

Y mientras, el gasto militar crece sin freno. Bases militares se expanden. Tecnología de vigilancia fronteriza recibe más fondos. La militarización de la frontera continúa, mientras los servicios básicos para las personas que viven en esa frontera se contraen.

Lo que significa realmente

Estas decisiones presupuestarias no son técnicas. Son morales. Revelan qué sociedades valoran más: máquinas o personas, poder militar o dignidad humana, ganancias corporativas o bienestar colectivo.

Mientras Trump pide $1.5 billones para defensa, hay familias en la frontera decidiendo entre medicinas y comida. Hay estudiantes en aulas deterioradas con maestros cansados. Hay trabajadores sin seguro de salud, sin jubilación, sin protección.

Esta es la frontera real: no la línea que marca mapas, sino la que separa a quienes toman las decisiones de quienes viven sus consecuencias.

Por Martin Salazar