Trump busca eliminar un derecho que protege a millones de hijos de migrantes en EE.UU.

La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó la semana pasada argumentos orales sobre uno de los derechos más fundamentales de la nación: la ciudadanía por nacimiento. El caso, impulsado por la administración Trump, representa el intento más serio en décadas por socavar la 14ª Enmienda de la Constitución, la que garantiza que todo niño nacido en territorio estadounidense es ciudadano.

Esta no es una pelea abstracta de derecho constitucional. Es una batalla directa por quién pertenece a Estados Unidos y quién no. Y sus consecuencias afectarían a millones de niños, principalmente hijos de migrantes que nacieron aquí y crecieron aquí, pero que la administración Trump quiere declarar apátridas.

La 14ª Enmienda: un derecho que ya tiene 150 años

La ciudadanía por nacimiento no es una invención reciente. Fue establecida por la 14ª Enmienda en 1868, justo después de la Guerra Civil, específicamente para proteger a los hijos de esclavos liberados. La redacción es clara: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sometidas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos".

Durante más de un siglo y medio, esto fue prácticamente indiscutible. Un bebé nace en un hospital de Los Ángeles, en un pueblo rural de Texas, en una clínica de Nueva York — ese bebé es ciudadano estadounidense. Punto. No importaba si sus padres eran ciudadanos, migrantes documentados o indocumentados. La premisa era que el territorio define la pertenencia.

Pero Trump cambió eso. En su primer mandato intentó debilitarla mediante órdenes ejecutivas. En su segundo mandato, está yendo al máximo: a la Corte Suprema.

Quién gana y quién pierde

Este es el momento crucial de leer la letra pequeña. ¿Quién quiere eliminar la ciudadanía por nacimiento? No es un debate académico. Es un esfuerzo político coordinado que responde a intereses muy concretos.

La administración Trump argumenta que la 14ª Enmienda nunca fue pensada para aplicarse a hijos de migrantes indocumentados. Es un argumento históricamente torcido — la Enmienda dice "todas las personas nacidas", no "todas las personas ciudadanas nacidas" — pero es políticamente poderoso porque apela a una narrativa de frontera y control.

Quiénes se benefician si la Corte acepta este argumento:

Para la administración Trump: Un arma política contra la inmigración. Si puedes quitar ciudadanía a niños nacidos aquí, puedes justificar deportaciones masivas. Convierte el nacimiento en territorio estadounidense en algo precario, algo que se puede perder. Es control total sobre quién "merece" estar.

Para los empleadores que quieren mano de obra vulnerable: Un grupo de población sin derechos ciudadanos es un grupo de población que no puede sindicalizarse efectivamente, que no puede exigir iguales salarios, que vive bajo amenaza constante.

Quién pierde

Los números son contundentes. Según el Centro de Investigación Pew, aproximadamente 5.5 millones de menores de edad en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses nacidos aquí, pero tienen al menos un padre indocumentado.

Esos no son números abstractos. Son niños en escuelas públicas de California, Texas, Nueva York. Son adolescentes trabajando en empleos de verano. Son personas que han vivido toda su vida como estadounidenses porque nacieron aquí.

Si la Corte falla en contra de la ciudadanía por nacimiento, estos niños se convertirían instantáneamente en apátridas o dependientes del estatus migratorio de sus padres. Un niño de 10 años que nació en Phoenix podría perder su ciudadanía porque su madre llegó sin papeles.

Las consecuencias serían económicas, sociales y políticas. Crearías una clase de subciudadanos sin derechos plenos. Sin acceso equitativo a empleos. Sin poder votar. Sin protecciones laborales plenas. Es el sueño de un empleador sin escrúpulos: población que no puede quejarse.

Por qué ahora importa el resultado

La Corte Suprema actual tiene mayoría conservadora. No es automático que vote en contra de la ciudadanía por nacimiento — la Enmienda 14 es letra constitucional clara — pero Trump ha designado jueces que son sensibles a su agenda de inmigración restrictiva.

Un fallo en contra de la ciudadanía por nacimiento sería histórico. Sería decir que casi 160 años de jurisprudencia constitucional se basaban en una mala lectura. Sería reescribir quién es estadounidense.

Y lo más importante: sería empezar a responder la pregunta que Trump lleva años haciendo — ¿quién merece estar aquí? — no con debates públicos, sino con fallos legales que convierten la respuesta en ley.

Esta es una pelea sobre el futuro de millones. Y la Corte Suprema está escuchando los argumentos.

Por Alejandra Flores