ICE mantiene bajo custodia a la sobrina y sobrina-nieta del difunto comandante iraní desde abril. Los abogados de derechos humanos cuestionan si se trata de persecución política.

En las últimas semanas, el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha mantenido bajo custodia a dos mujeres: la sobrina y la sobrina-nieta del general Qasem Soleimani, el comandante de la Fuerza Quds que fue asesinado por un ataque de drones estadounidense en enero de 2020. Las detenciones, que comenzaron el 4 de abril, han reabierto un debate incómodo sobre los límites entre seguridad nacional y persecución política en territorio estadounidense.

Lo que sabemos hasta ahora es limitado. Los funcionarios estadounidenses confirmaron que ambas mujeres están en custodia del ICE, pero los detalles de los cargos específicos, sus nombres públicos y el procedimiento legal exacto permanecen opacamente envueltos en consideraciones de seguridad nacional. Es un patrón familiar para quien ha cubierto casos de detención migratoria durante años: la máquina burocrática de la inmigración estadounidense funciona frecuentemente en las sombras, y aquellos que la padecen rara vez tienen voz pública en su propia historia.

La pregunta fundamental no es si el gobierno estadounidense tiene derecho a aplicar sus leyes migratorias. La pregunta es: ¿por qué ahora? ¿Por qué estas dos mujeres en particular? ¿Y qué significa que el gobierno estadounidense utilice su aparato de inmigración para detener a familiares de una figura política extranjera, sin importar cuán controversial fuera esa figura?

Soleimani fue un hombre cuya muerte fue celebrada en ciertos círculos políticos estadounidenses y lamentada profundamente en Irán. Pero sus parientes no son Soleimani. Las mujeres detenidas no planificaron ataques, no comandaron fuerzas militares, no formularon política exterior. Lo que tienen en común es un accidente de nacimiento: la sangre.

Los abogados de derechos humanos que trabajan en este espacio ya han levantado banderas rojas. El uso de leyes migratorias para arrestar a familiares de figuras políticas tiene ecos preocupantes: la persecución por asociación, el castigo colateral, la culpa por parentesco. Estos mecanismos han sido documentados históricamente en regímenes autoritarios, no en democracias que se jactan de estados de derecho.

No sabemos aún los cargos específicos. ¿Violaciones migratorias técnicas? ¿Sanciones conexas a Irán? ¿Algo más? La opacidad es parte del problema. En el sistema de inmigración estadounidense, especialmente cuando se invoca seguridad nacional, los detenidos frecuentemente no saben por qué están siendo mantenidos, por cuánto tiempo, o bajo qué autoridad legal exacta. He visto esto en centros de detención desde El Paso hasta Tucson: personas desaparecidas en un limbo legal durante semanas, meses.

Lo que distingue este caso es que tiene un rostro político internacional. Las familias de generales iraníes tienen recursos, conexiones diplomáticas, acceso potencial a representación legal. La mayoría de los migrantes detenidos por ICE no tienen eso. La mayoría son trabajadores centroamericanos, mexicanos, salvadoreños, cuyas historias nunca se hacen públicas porque nadie está presionando a funcionarios para que confirmen su custodia.

Esto no significa que las detenciones de Soleimani sean injustas por ser de alto perfil. Significa que la desigualdad estructural en cómo funciona el sistema migratorio estadounidense se vuelve visible precisamente cuando afecta a personas que pueden contar su historia.

Hay una pregunta más amplia aquí sobre cómo Estados Unidos utiliza sus leyes domésticas como herramientas de política exterior. ¿Es el aparato de inmigración un instrumento legítimo de seguridad nacional? Sí, con límites claros. ¿Es apropiado usar ese aparato para detener a familiares de funcionarios extranjeros como represalia política? Eso es más complicado, más preocupante, y merece más transparencia de la que el gobierno ha proporcionado hasta ahora.

Mientras estas dos mujeres permanecen en custodia, vale la pena recordar que el sistema migratorio estadounidense detiene a decenas de miles de personas cada año. Muchas de ellas están en situaciones tan opacas, tan desprotegidas, tan legalmente complejas como esta. La diferencia es que nadie está escribiendo sobre ellas. Nadie está presionando a funcionarios para que confirmen dónde están. Sus historias no son noticia internacional.

Este caso, por su visibilidad, tiene el potencial de iluminar todo un sistema. Si Estados Unidos va a defender el estado de derecho — como dice hacerlo — entonces ese estado de derecho debe aplicarse equitativamente, con transparencia, sin represalias políticas. No solo cuando los detenidos son familiares de generales iranís. También cuando son trabajadores migrantes cuyo único crimen es cruzar una frontera buscando sobrevivir.

Por Martin Salazar