Lo que un gobierno decide financiar dice más sobre sus valores que cualquier discurso

En el mercado Hidalgo de cualquier ciudad mediana de México, o en el pasillo de un supermercado de descuento en Houston o en Detroit, hay una conversación que se repite con distintas palabras pero el mismo fondo: no alcanza. No alcanza para la medicina, para la renta, para el mandado completo. La gente no lo dice como queja filosófica. Lo dice con la resignación específica de quien ya hizo los cálculos y los cálculos no cerraron.

Esa conversación invisible, la que ocurre entre personas que no aparecen en ningún noticiero, es el contexto real en el que hay que leer la propuesta de presupuesto que la administración de Donald Trump acaba de presentar al Congreso: 1.5 billones de dólares —en la escala estadounidense, trillones— para defensa, acompañados de recortes profundos a Medicaid, a cupones de alimentos, a subsidios de vivienda y a una docena de programas que son, para millones de familias, la diferencia entre comer y no comer.

El número es tan grande que pierde sentido. Sirve más mirarlo al revés: ¿qué se corta para financiarlo?

Hay una disciplina dentro de las ciencias sociales que estudia los presupuestos públicos no como documentos contables sino como documentos culturales. La idea es sencilla: un presupuesto es una declaración de valores. Antes que cualquier discurso, antes que cualquier promesa de campaña, el presupuesto revela qué considera importante quien tiene el poder de decidir. A quién protege el Estado. A quién abandona.

Desde esa lectura, el presupuesto trumpista de 2025 no es una anomalía. Es una síntesis. Es el retrato más honesto que esta administración ha producido de sí misma.

Los recortes propuestos golpean con precisión quirúrgica los programas que sostienen a las poblaciones más vulnerables: personas mayores de bajos ingresos que dependen de Medicaid para cubrir medicamentos y atención médica; familias trabajadoras que usan cupones de alimentos —el programa SNAP— para complementar salarios que no alcanzan; comunidades que acceden a vivienda subsidiada porque el mercado privado las expulsó hace décadas. No son programas de lujo. Son infraestructura de supervivencia.

Al mismo tiempo, el gasto militar propuesto representa el mayor incremento en décadas. La lógica oficial es la seguridad nacional, la disuasión frente a China, la modernización del arsenal. Pero la seguridad tiene muchas formas. Un niño que no come no está seguro. Una persona adulta mayor que no puede pagar su tratamiento oncológico no está segura. Una familia que duerme en su auto porque no encontró vivienda asequible no está segura. La pregunta que el presupuesto responde implícitamente es: ¿seguridad para quién?

El sociólogo estadounidense C. Wright Mills escribió en los años cincuenta que los problemas personales se convierten en problemas públicos cuando afectan a suficientes personas de manera estructural. La deuda médica, el hambre, la falta de vivienda no son fracasos individuales: son consecuencias predecibles de decisiones colectivas. Cuando el Estado decide dónde poner su dinero, está decidiendo también quién carga con el costo de esas ausencias.

En Estados Unidos, ese costo lo cargan desproporcionadamente las comunidades negras, latinas e indígenas. No por coincidencia: por historia. Los programas sociales que hoy están en la mira fueron construidos, en muchos casos, como respuestas tardías e insuficientes a décadas de exclusión sistemática. Recortarlos no es neutral. Es regresivo en un sentido técnico preciso: deshace redistribución, amplía brechas, consolida jerarquías.

Y sin embargo el discurso que acompaña los recortes habla de eficiencia, de deuda, de responsabilidad fiscal. Es un lenguaje que suena razonable y que esconde una elección política: se puede recortar el déficit de muchas maneras. Esta administración eligió recortarlo tocando a los que menos tienen, mientras aumenta el gasto en lo que más beneficia a los que más tienen —contratos de defensa, exenciones fiscales para grandes fortunas, desregulación que externaliza costos ambientales y laborales a las comunidades más pobres.

Hay algo que la gente siente frente a estas noticias pero que rara vez encuentra nombre. No es solo enojo, aunque el enojo está. Es algo más parecido a la confirmación de una sospecha que se prefería no confirmar: que el sistema no está roto, que el sistema funciona exactamente como fue diseñado, solo que no fue diseñado para ellos.

Esa sensación —que podríamos llamar lucidez incómoda— es diferente al cinismo. El cínico se desconecta. Quien siente esta lucidez todavía le importa, todavía querría que fuera diferente, pero ya no puede sostener la ilusión de que se trata de un error, de un malentendido, de una mala administración que se corregirá sola. Ve el patrón. Y el patrón es consistente a lo largo de décadas, a lo largo de partidos, a lo largo de promesas.

Lo que cambia con administraciones como la actual no es la dirección del patrón. Es la velocidad y la desvergüenza. Ya no hay eufemismos de modernización o reforma. Se dice directamente: más misiles, menos comida. Y se dice con la confianza de quien sabe que los medios que cuentan la historia son los mismos medios que viven de la publicidad de quienes se benefician del recorte.

En medio de todo esto, un juez federal frenó esta semana el intento de la administración de eliminar los programas de acción afirmativa en universidades. La Corte Suprema delibera sobre si puede eliminar la ciudadanía por nacimiento —un derecho consagrado en la decimocuarta enmienda desde 1868—. Las fuerzas armadas derriban un avión propio sobre territorio de conflicto y detienen a familiares de figuras políticas iraníes en suelo estadounidense.

Son noticias distintas que comparten una lógica: la de un Estado que expande su capacidad de daño hacia afuera y hacia los propios, mientras contrae su capacidad de cuidado. Más fuerza, menos protección. Más control, menos derecho.

No es una contradicción. Es una elección coherente, si se acepta que el objetivo no es el bienestar de la mayoría sino la consolidación del poder de una minoría.

En aquel mercado, en aquel pasillo de supermercado, la conversación no usa estos términos. No habla de redistribución ni de hegemonía ni de presupuestos programáticos. Habla de si va a alcanzar para fin de mes. Pero esa conversación y esta columna hablan de lo mismo.

Un presupuesto es un espejo. Lo que este refleja no es bonito. La pregunta que queda no es qué hacer —eso ya lo saben quienes lo viven—. La pregunta es cuánta gente tiene que verlo claramente antes de que el espejo deje de ignorarse.

Por Roberto Medina