Mientras el Pentágono recibe 1.5 billones de dólares, el Congreso republicano debate cuánto hambre es tolerable para los más pobres de Estados Unidos
En marzo de 2025, la oficina del Departamento de Agricultura de Estados Unidos notificó a Denise Maldonado, madre de tres hijos en Memphis, Tennessee, que su beneficio mensual del programa SNAP —lo que antes se llamaba cupones de alimentos— sería recortado en 187 dólares a partir del ciclo siguiente. La carta llegó tres semanas después de que la Cámara de Representantes aprobara, en votación mayoritariamente republicana, un marco presupuestario que propone reducir casi un billón de dólares en gasto social durante la próxima década. Ese mismo día, el presidente Donald Trump firmaba una solicitud de presupuesto que eleva el gasto militar a 1.5 billones de dólares anuales, la cifra más alta en la historia de Estados Unidos.
Denise no es una abstracción. Es el nombre que le pone cara a un mecanismo que lleva meses operando con precisión quirúrgica: transferir recursos del gasto público destinado a la supervivencia de las familias más pobres hacia el aparato militar-industrial más costoso del planeta.
El mecanismo: cómo se construye un presupuesto que decide quién come
El proyecto presupuestario de la administración Trump para el año fiscal 2026 propone recortes de 880,000 millones de dólares en programas bajo la jurisdicción del Comité de Energía y Comercio de la Cámara. Según el análisis del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas —una organización no partidista con sede en Washington— la mayor parte de esa cifra solo puede obtenerse de dos fuentes: Medicaid, el programa de salud para personas de bajos ingresos, y SNAP.
Medicaid cubre actualmente a 79 millones de estadounidenses. SNAP alimenta a 42 millones. Juntos, estos dos programas representan la red de contención más básica del país para trabajadores de bajos salarios, personas con discapacidad, adultos mayores sin pensión suficiente y familias monoparentales. No son beneficios de lujo. Son, en términos técnicos, lo que los economistas llaman "gasto de supervivencia".
El contraste con el presupuesto de defensa no es accidental ni ideológicamente neutro. La solicitud de 1.5 billones de dólares para el Pentágono representa un incremento del 13% respecto al año anterior. Ese incremento, por sí solo, equivale a más de lo que el gobierno federal gasta anualmente en educación pública en todo el país.
La cadena de responsabilidad: quién decide, quién ejecuta, quién cobra
La decisión no ocurre en el vacío. Tiene nombres y tiene beneficiarios.
El marco presupuestario fue impulsado por el presidente de la Cámara, Mike Johnson, con el respaldo de los líderes republicanos del Senado. Fue Trump quien presentó la cifra de defensa como una prioridad no negociable. Y son los contratistas del sector defensa —Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, General Dynamics— quienes históricamente han sido los principales beneficiarios de cada expansión del presupuesto del Pentágono.
Según datos de OpenSecrets, estas cuatro empresas invirtieron combinadas más de 60 millones de dólares en cabildeo durante 2024. Sus directivos y accionistas mayoritarios no viven en Memphis. No dependen de SNAP. No tienen hijos en escuelas públicas que podrían perder financiamiento federal. Operan en una economía paralela donde la guerra —o su preparación permanente— es el negocio más rentable y el más subvencionado por el Estado.
Eso es lo que el presupuesto revela cuando se lee completo: no una política de seguridad nacional, sino una política de redistribución. Hacia arriba.
El contexto que la cobertura convencional omite
La misma semana en que se debatía el presupuesto, tres noticias adicionales completaban el cuadro de lo que la administración Trump entiende por "orden":
La Corte Suprema de Estados Unidos se preparaba para escuchar argumentos que podrían debilitar la ciudadanía por nacimiento, un derecho garantizado por la Decimocuarta Enmienda desde 1868. El gobierno detuvo a familiares del general iraní Qasem Soleimani en suelo estadounidense, en una acción que varios analistas jurídicos califican de instrumentalización política del aparato migratorio. Y un juez federal tuvo que intervenir para frenar una directiva ejecutiva que habría eliminado los programas de acción afirmativa en universidades que reciben fondos federales.
No son noticias separadas. Son coordenadas del mismo mapa.
Cada una de estas decisiones apunta en la misma dirección: reducir el espacio legal, económico y político disponible para las comunidades que históricamente han dependido del Estado para compensar siglos de exclusión estructural. Las familias negras y latinas que dependen de Medicaid. Los hijos de migrantes que podrían perder la ciudadanía. Los estudiantes de primera generación que accedieron a universidades de élite gracias a políticas de inclusión. Los parientes de un general iraní detenidos sin que ninguna acusación penal concrete los vincule a actividad ilícita alguna.
La pregunta incómoda
La cobertura dominante enmarca todo esto como "debate presupuestario" o "choque entre el ejecutivo y el legislativo" o "política de seguridad nacional". Lo que rara vez pregunta es esto:
¿Cuántos niños en Tennessee, en Texas, en California, van a dormir con menos comida este año para que un portaaviones adicional pueda operar en el Golfo Pérsico?
No es una pregunta retórica. Es una pregunta aritmética. Tiene respuesta. Y la respuesta, si alguien se tomara la molestia de calcularla y publicarla con el mismo espacio que se le da a los comunicados del Pentágono, haría muy difícil seguir describiendo este presupuesto como una política de "fortaleza nacional".
La fortaleza no se mide en portaaviones cuando el 12.8% de los hogares estadounidenses —según datos del Departamento de Agricultura de 2023— experimentó inseguridad alimentaria al menos una vez durante ese año. Una nación que no puede garantizar que sus habitantes coman no se vuelve más fuerte comprando más misiles. Se vuelve más desigual. Y las naciones profundamente desiguales no son fuertes: son frágiles de una manera que ningún presupuesto de defensa puede reparar.
El cierre
La carta que le llegó a Denise Maldonado en marzo no tenía membrete del Pentágono. Tenía el sello del Departamento de Agricultura. Pero la decisión que la produjo se tomó en el mismo momento en que alguien, en alguna sala de Washington con aire acondicionado y catering pagado por el contribuyente, firmó un cheque de 1.5 billones de dólares y lo llamó seguridad.
Hay que llamarlo por su nombre: es una elección. No una inevitabilidad económica, no una restricción fiscal, no una decisión técnica. Es una elección política sobre quién merece la protección del Estado y quién no. Sobre qué vidas cuentan y cuáles se vuelven línea de ajuste en una hoja de cálculo.
El presupuesto de un gobierno es, siempre, una declaración de valores. Este ya hizo la suya.
Por Carmen Delgado