Un estudio en revista médica de prestigio respalda venta sin receta de píldoras de aborto, pero la oposición política bloquea el acceso.

En Estados Unidos, la brecha entre lo que la evidencia científica demuestra y lo que la política permite es cada vez más ancha. Un nuevo estudio publicado en JAMA Internal Medicine —una de las revistas médicas más respetadas del país— concluye que las píldoras de aborto farmacológico serían seguras para su venta sin receta en farmacias. Pero esa conclusión científica choca contra un muro de oposición política que impide que las personas accedan a esta opción en el corto plazo.

La investigación no es un accidente ni un resultado marginal. Es parte de una creciente acumulación de evidencia que durante años ha demostrado que el medicamento —típicamente una combinación de mifepristona y misoprostol— es más seguro que muchas intervenciones médicas que ya están disponibles sin receta en cualquier farmacia estadounidense. Está más controlado que la aspirina, más documentado que la mayoría de anticonceptivos de venta libre.

Pero en Estados Unidos en 2024, la seguridad científica no es lo que determina quién puede acceder a qué medicamentos. La política sí.

Cuando la ciencia se detiene en la recepción

Esto no es nuevo. Durante años, organizaciones de derechos reproductivos y activistas han señalado esta contradicción: la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó las píldoras de aborto en 2000, pero con restricciones cada vez más complicadas. Primero requería que solo médicos las dispensaran. Luego, durante la administración Biden, se abrió un poco más: permitió que se enviaran por correo. Pero incluso hoy, después de que la Corte Suprema eliminara el derecho federal al aborto en 2022, acceder a estas píldoras sigue siendo un laberinto de restricciones estatales, prohibiciones y miedo legal.

El nuevo estudio de JAMA Internal Medicine no pregunta si los medicamentos son seguros —la ciencia ya respondió esa pregunta hace años—. Pregunta una cosa más práctica: ¿qué pasaría si cualquiera pudiera comprarlas en una farmacia, como lo hace con el ibuprofeno? La respuesta del estudio es clara: nada malo. Sería seguro. El perfil de seguridad es favorable. El acceso sería más rápido. Las barreras desaparecerían.

La política bloquea lo que la ciencia permite

Pero aquí está el punto que importa entender: esta investigación llega a un país donde 21 estados ya han prohibido o restringido severamente el aborto después del fallo de la Corte Suprema. En algunos de esos estados, incluso poseer estas píldoras es un crimen. La FDA podría cambiar sus regulaciones mañana mismo. No cambiaría nada en Texas, en Oklahoma, en Arkansas, en media docena de estados más.

Para una mujer en uno de esos estados, la ciencia que dice "esto es seguro" no tiene relevancia práctica. Lo que importa es la ley que dice "esto es ilegal".

Este es el corazón del problema que el artículo de JAMA Internal Medicine expone sin decirlo explícitamente: en Estados Unidos, hemos llegado a un punto donde los políticos —especialmente republicanos, pero no solo ellos— están dispuestos a bloquear acceso a medicamentos que la ciencia certifica como seguros, basándose en objeciones morales y religiosas que no tienen nada que ver con la evidencia médica.

Es lo opuesto a cómo funciona una democracia informada. En una democracia así, los ciudadanos debaten sobre cuestiones morales legítimas: cuándo comienza la vida, cuál es el rol del Estado en decisiones reproductivas, qué significa la libertad en este contexto. Esos son debates válidos. Pero esos debates no deberían impedir que un medicamento seguro y efectivo esté disponible para quien lo necesita.

Lo que está en juego

Mientras escribimos esto, hay mujeres en estados rojos que están gestando y no quieren hacerlo, enfrentando viajes de cientos de kilómetros a estados donde el aborto sigue siendo legal. Hay otras que compran píldoras en internet de fuentes dudosas porque no tienen otra opción. Hay trabajadoras de farmacias que se preguntan si pueden ir a prisión por dispensar un medicamento que la ciencia dice que es seguro.

El estudio de JAMA Internal Medicine no va a cambiar eso mañana. La oposición política es demasiado fuerte, especialmente con una administración republicana en la Casa Blanca y un Senado dividido. Pero la investigación deja un registro: la ciencia está de un lado. La política está del otro. Y en el medio quedan millones de personas cuyas decisiones sobre sus propios cuerpos dependen no de la evidencia médica, sino de quién ganó las últimas elecciones.

Eso no es una cuestión técnica. Es una cuestión de poder. Y de quién lo ejerce.

Por Gabriela Cruz