Febrero marca el peor mes laboral en años. En Washington, archivos de Epstein revelan acusaciones contra el presidente mientras su administración intenta contener el daño de sus propios aranceles.

En febrero pasado, la economía estadounidense perdió 92,000 empleos. No son números abstractos en un reporte del Departamento de Trabajo. Son 92,000 familias que dejaron de recibir un cheque de nómina. Son 92,000 hipotecas que se vuelven más complicadas de pagar. Son 92,000 historias de estrés, incertidumbre y miedo que los analistas de Wall Street no capturaron en sus predicciones rosadas.

Lo que sorprendió a los "expertos" no debería sorprender a nadie que vive fuera de las burbujas de Nueva York y Washington. Los despidos ocurrieron en casi todos los sectores económicos. Construcción, manufactura, retail, servicios. La contracción fue inesperada solo para quienes han estado mirando las cosas desde lejos, ignorando lo que las comunidades fronterizas, los obreros del Valle del Río Grande y los trabajadores agricolas de California llevan meses diciendo: esto se viene abajo.

El verdadero costo de la guerra comercial

Mientras 92,000 personas recibían la noticia de que no tenían trabajo, en Washington ocurría algo que ilustra perfectamente cómo los funcionarios del gobierno responden a sus propios desastres: desarrollar procesos para reparar daños después de que el huracán ya pasó.

Aduanas de Estados Unidos informó a la corte comercial que tiene como objetivo un proceso simplificado en 45 días para devolver dinero a importadores sin requerir demandas individuales. Suena bien, ¿verdad? Un sistema sin burocracia, sin necesidad de que cada empresa afectada tenga que demandar.

Pero preguntemos lo que está implícito en esa noticia: ¿por qué necesitan un sistema de reembolso de aranceles en primer lugar? Porque los aranceles que esta administración implementó causaron tantos daños, confusión y pérdidas que Aduanas finalmente tiene que admitir que cometió errores masivos. Los archivos fueron etiquetados incorrectamente, los procesos fueron caóticos, y ahora necesitan 45 días para intentar deshacer parcialmente el daño.

Los trabajadores que perdieron sus empleos en febrero no van a recibir un reembolso en 45 días. Sus hipotecas no esperan. Sus hijos necesitan comer hoy, no en andante y medio.

El pasado que no desaparece

Mientras la economía se contraía, el Departamento de Justicia divulgó archivos que habían estado guardados bajo polvo legal. Documentos de Epstein con acusaciones contra el presidente actual. Los archivos habían sido etiquetados incorrectamente como duplicados e inadvertidamente no publicados hasta ahora.

La combinación es casi surrealista: una economía que se cae a pedazos, un gobierno que construye burocracias para reparar sus propios errores arancelarios, y un presidente que ahora lidia con acusaciones contenidas en documentos que supuestamente ya estaban "públicos" pero que nadie vio.

No es coincidencia que estos temas lleguen al mismo tiempo. Son síntomas del mismo problema: una administración que prometía orden, estabilidad económica y respeto a la ley, pero que ha generado exactamente lo opuesto. Caos comercial. Pérdida de empleos. Escándalos legales que resurgen como zombis de los archivos gubernamentales.

Desde la frontera, la vista es clara

En Ciudad Juárez, Reynosa, Nogales, los trabajadores ya lo sabían antes de que llegaran los números de febrero. Llevo dos décadas cubriendo la frontera México-Estados Unidos, y he visto cómo cada decisión económica de Washington se traduce inmediatamente en despidos en las maquilas, en menos trabajo para los comerciantes fronterizos, en menos oportunidades para quienes cruzan cada día a trabajar al otro lado.

Los aranceles no son números. Son personas trabajando menos horas. Son importadores que no pueden vender al mismo precio, así que contratan a menos gente. Son efectos en cascada que llegan a comunidades que ya están frágiles.

Y mientras tanto, en Washington, discuten si 45 días es suficiente para devolver dinero que nunca debería haber sido extraído. Discuten sobre archivos que deberían haber sido públicos hace años.

En la calle, la gente solo necesita un trabajo. Eso es todo. No necesita procesos simplificados ni cartas de disculpa tardías. Necesita estabilidad laboral. Necesita saber que mañana va a poder pagar la renta.

Febrero fue el mes en que 92,000 personas descubrieron que ese derecho fundamental no estaba garantizado.

Por Martin Salazar