El Pentágono confirmó que un misil estadounidense mató a 165 estudiantes en una escuela iraní. Trump habla de gasolina. El mundo espera que alguien haga la pregunta correcta.

Fatima tenía trece años y quería ser médica. Su madre lo repite cada vez que alguien le pregunta, como si decirlo en voz alta pudiera mantenerla presente en un mundo que ya la borró de sus cuentas. No aparece en ningún comunicado oficial del Pentágono. Aparece en los testimonios que circulan entre organizaciones de derechos humanos que trabajan en la región, en las fotos que sus compañeras de clase subieron antes de que los servidores fueran bloqueados, en el número que el gobierno estadounidense tardó tres días en confirmar: 165 niñas muertas en lo que hasta ese martes era una escuela secundaria en Irán.

Ciento sesenta y cinco.

No es una cifra abstracta. Es un salón de clases multiplicado por seis. Es una generación de hijas, de hermanas, de futuras médicas, maestras, ingenieras, periodistas. Es el tipo de número que, si ocurriera en cualquier otro contexto geopolítico, detendría los ciclos de noticias durante semanas. Pero esta semana, la cobertura dominante en los grandes medios norteamericanos no habló del costo humano del ataque. Habló del costo en los surtidores de gasolina.

El mecanismo: cómo se fabrica la distancia entre la decisión y el cuerpo

El Pentágono confirmó lo que varias fuentes habían anticipado desde las primeras horas: el misil que destruyó el edificio era de fabricación estadounidense, lanzado en el marco de las operaciones militares que la administración Trump autorizó contra infraestructura iraní. La declaración institucional usó el lenguaje que siempre usan estas declaraciones: "daño colateral", "objetivo militar en las inmediaciones", "revisión en curso de los protocolos".

El lenguaje burocrático hace un trabajo específico: convierte a Fatima en variable de ajuste.

Así funciona el mecanismo. Una decisión se toma en una sala con clima artificial, en Washington o en Tampa, donde tiene sede el Comando Central de Estados Unidos. Esa decisión viaja por una cadena de mando hasta convertirse en una coordenada. La coordenada se convierte en un objetivo. El objetivo se convierte en un misil. El misil no sabe que hay una escuela. Los que sí lo sabían —o debían saberlo— ya están muy lejos del punto de impacto cuando ocurre.

Esa distancia entre quien decide y quien recibe la consecuencia es, según mi experiencia cubriendo la frontera sur de México durante años, la condición que hace posible la violencia sistemática. No es crueldad en abstracto. Es arquitectura institucional.

La cadena de responsabilidad: sin eufemismos

La cadena es verificable. El presidente de Estados Unidos autorizó las operaciones. El Secretario de Defensa firmó las órdenes. El Comando Central ejecutó los ataques. Los contratistas de defensa que fabricaron el misil —Raytheon, Lockheed Martin, los nombres de siempre— cobraron por él con dinero del presupuesto federal que aprobó el Congreso.

Ninguno de estos actores se presentará ante ningún tribunal internacional. Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre sus nacionales. Irán, por su parte, tampoco es un Estado que inspire solidaridad fácil en las izquierdas occidentales: su régimen persigue a mujeres, a periodistas, a disidentes. Esa complejidad es real y no debe ignorarse.

Pero la complejidad del régimen iraní no absuelve a quien lanzó el misil. Las niñas muertas no eran el régimen. Eran niñas en una escuela.

Mientras tanto, el presidente Trump —cuya base electoral, según múltiples encuestas publicadas esta semana, rechaza mayoritariamente la escalada militar con Irán— eligió enmarcar las consecuencias de la guerra en términos de precio de la gasolina. La promesa de campaña era clara: "Voy a bajar el precio del petróleo, les juro que lo voy a bajar." La guerra, naturalmente, ha hecho lo contrario: los mercados respondieron con alzas inmediatas en los futuros del crudo, y los analistas del sector advierten que cualquier cierre del Estrecho de Ormuz —posibilidad que Irán ha vuelto a poner sobre la mesa— dispararía los precios a niveles no vistos desde 2022.

La promesa de la gasolina barata era siempre una promesa para el consumidor medio de Ohio o de Texas. El costo real de esa promesa incumplida lo están pagando, con sus vidas, niñas en Irán.

La pregunta incómoda

Los medios que cubrieron esta historia esta semana hicieron, en su mayoría, dos preguntas: ¿cómo afecta esto a las encuestas de Trump? ¿Cuánto va a subir la gasolina?

Nadie hizo la pregunta que corresponde hacer cuando un Estado mata a 165 niñas en una escuela confirmada como tal:

¿Quién responde por esto?

No como retórica. Como pregunta legal, institucional, concreta. ¿Existe algún mecanismo en el orden internacional actual que pueda obligar a Estados Unidos a rendir cuentas por una masacre de esta magnitud? La respuesta honesta es que no. El sistema fue diseñado, en parte, para que no exista. Los países con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU no pueden ser juzgados por ese mismo Consejo. La CPI carece de jurisdicción efectiva. Los tratados de derecho internacional humanitario tienen mecanismos de aplicación que dependen, en última instancia, de la voluntad política de los mismos actores que cometen las violaciones.

Esto no es cinismo. Es el estado real del derecho internacional en 2025, y conviene decirlo sin rodeos porque la alternativa —fingir que hay instituciones funcionando que van a actuar— es también una forma de silencio cómplice.

El cierre que no absuelve

Hay una imagen que no me abandona desde que leí los primeros reportes. Según testimonios recogidos por organizaciones que trabajan en la región, varias de las niñas que murieron en el ataque llevaban uniformes escolares. Estaban en clase. Era por la mañana.

En algún lugar de Washington, ese mismo día, alguien revisaba proyecciones sobre el impacto electoral de los precios del combustible.

La distancia entre esas dos escenas —la niña con uniforme, el analista con su hoja de cálculo— no es accidental. Es el producto de décadas de políticas que entrenan a los tomadores de decisiones para ver ciertas muertes como costos operativos y otras como tragedias. Esa clasificación no es neutral. Responde a una jerarquía de vidas que el periodismo convencional reproduce cada vez que abre con el precio de la gasolina y cierra con una línea sobre "víctimas civiles".

Fatima quería ser médica.

Eso no es un detalle humano para ablandar una nota. Es el dato más político de toda esta historia: lo que el mundo perdió, lo que nunca sabremos que perdimos, cuando decidimos que su vida valía menos que un dólar por galón.

Por Carmen Delgado