Cuando el gobierno cierra los ojos de la prensa, la guerra se vuelve abstracta. Los muertos, no.

El teniente coronel retirado del Ejército estadounidense Daniel Davis lleva semanas publicando en redes sociales lo que los medios militares ya no pueden decir: que la campaña aérea contra Irán no está alcanzando sus objetivos declarados, que las bajas entre el personal de apoyo logístico son mayores de lo que admite el Pentágono, y que el apoyo interno a la operación cae semana a semana en las encuestas internas que el propio Congreso ha solicitado sin respuesta. Davis no es un disidente ideológico. Es un analista con treinta años de servicio que simplemente hace lo que el gobierno ya no permite que hagan los corresponsales acreditados: describir lo que ve.

Eso es lo que está en juego cuando la administración Trump revoca credenciales de prensa para la cobertura militar, restringe el acceso de reporteros a briefings del Pentágono y establece —según documentó The New York Times el 14 de junio— protocolos que exigen aprobación previa para publicar cualquier imagen de operaciones activas en el Golfo Pérsico. No es un detalle administrativo. Es la arquitectura de una guerra diseñada para existir sin testigos.

El mecanismo

La restricción de prensa en conflictos armados tiene una historia conocida en Estados Unidos. Después de Vietnam, donde las imágenes de soldados muertos erosionaron el apoyo popular, la doctrina militar evolucionó hacia el embedding controlado: periodistas que viajan con las tropas pero bajo reglas que limitan qué pueden mostrar y cuándo. En la guerra de Irak de 2003, esa fórmula funcionó durante las primeras semanas. Después, cuando la realidad se impuso, el control de imagen ya no alcanzó.

Lo que ocurre ahora con Irán es diferente en grado y en naturaleza. No se trata de retrasar la publicación de imágenes sensibles por razones operativas —argumento que, con matices, tiene sustento legítimo. Se trata, según reportó Reuters el 17 de junio, de que el Departamento de Defensa ha negado acreditación a corresponsales de cuatro medios cuya cobertura previa de la operación fue considerada "no alineada con los objetivos estratégicos de comunicación". Esa frase, tomada directamente del memorándum filtrado, merece leerse dos veces. La cobertura periodística tiene ahora un requisito de alineación estratégica.

En paralelo, la administración ha instrumentalizado la narrativa interna. Las declaraciones oficiales sobre los resultados de los bombardeos contradicen, en puntos específicos y verificables, los reportes de inteligencia que han llegado a miembros del Comité de Inteligencia del Senado. El senador demócrata Mark Warner lo dijo sin ambigüedad en una sesión del 19 de junio: "Lo que nos dicen en privado y lo que dicen en público no es la misma historia." Irán, por su parte, ha desmentido sistemáticamente las versiones del Pentágono sobre instalaciones destruidas, presentando en algunos casos imágenes satelitales comerciales que contradicen los informes de daños difundidos por Washington.

La tercera semana de operaciones terminó con una cifra que el gobierno no ha confirmado ni desmentido oficialmente: entre 23 y 31 militares estadounidenses muertos, según fuentes independientes citadas por The Intercept y verificadas parcialmente por registros de bajas del Departamento de Defensa que aún no han sido actualizados con nombres. Las familias de esos soldados saben lo que saben. El resto del país, no.

La cadena de responsabilidad

Donald Trump tomó la decisión de iniciar operaciones militares contra Irán sin declaración formal de guerra, invocando poderes ejecutivos de emergencia bajo la Autorización para el Uso de Fuerza Militar de 2001 —redactada después del 11 de septiembre para perseguir a Al Qaeda, no para atacar estados nacionales. El secretario de Defensa Pete Hegseth diseñó e implementó los protocolos de restricción de prensa. El asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz coordinó la narrativa pública. Son decisiones de personas con nombre y cargo.

En el Congreso, la Ley SAVE —aprobada esta semana en la Cámara con votos republicanos— ocupa el espacio de atención legislativa que debería estar dedicado a exigir supervisión de la guerra. Es difícil no leer esa simultaneidad como funcional: mientras los representantes debaten quién tiene derecho a votar, nadie legisla sobre quién tiene derecho a saber cuántos soldados han muerto.

Los aliados del presidente dentro del Partido Republicano que han expresado dudas —entre ellos el senador Rand Paul y, con más cautela, el senador J.D. Vance antes de su giro— han enmarcado su incomodidad en términos de costo fiscal y extensión del conflicto, no en términos de transparencia democrática. Es una distinción que importa: se puede oponerse a la guerra por razones aislacionistas sin defender el derecho de la ciudadanía a saber qué se hace en su nombre.

La pregunta que nadie formula

La cobertura convencional de este conflicto se organiza alrededor de preguntas operativas: ¿Está funcionando la campaña aérea? ¿Negociará Irán? ¿Cuánto tiempo puede sostenerse la operación? Son preguntas legítimas. Pero hay una que brilla por su ausencia en los análisis del mainstream mediático: ¿Qué democracia puede conducir una guerra sin que sus ciudadanos vean lo que esa guerra produce?

No es una pregunta abstracta. La Primera Enmienda no tiene cláusula de excepción para conflictos armados. La Corte Suprema ha reconocido, en New York Times Co. vs. Estados Unidos (1971), que la prensa tiene el derecho —y la función constitucional— de publicar información sobre operaciones militares incluso cuando el gobierno considera que hacerlo le resulta inconveniente. La restricción no es un matiz burocrático. Es, en sus consecuencias, una derogación práctica de ese principio.

Y si la respuesta es que en tiempos de guerra la seguridad nacional justifica límites al periodismo, entonces la pregunta que sigue es inevitable: ¿quién declaró que esto es una guerra, bajo qué autoridad, y por qué no hubo debate en el Congreso antes de que muriera el primero de esos 23 a 31 soldados cuyos nombres todavía no aparecen en ningún registro oficial?

El peso de lo invisible

Hay una fotografía que no existe. No porque nadie estuviera ahí para tomarla, sino porque quien estaba ahí no tiene permiso para mostrarla. En esa fotografía —o en la ausencia de ella— está el resumen de lo que ocurre: una administración que ha decidido que la guerra es más manejable cuando no tiene rostro, que el dolor es más contenible cuando no tiene imagen, que la responsabilidad es más esquivable cuando no hay testigos.

Los muertos, sin embargo, no requieren acreditación de prensa para existir. Sus familias lo saben. Y tarde o temprano, también lo sabrá el país, con o sin la autorización del Pentágono.

La pregunta es cuánto tarde.

Por Carmen Delgado