El cierre del gobierno deja sin pago a trabajadores de seguridad mientras republicanos avanzan con la Ley SAVE

El contraste es brutal: en el Senado, los republicanos avanzan con la Ley SAVE America, la reforma electoral prioritaria del Presidente Trump. En los aeropuertos del país, trabajadores de seguridad perdieron su primer cheque de pago completo el viernes pasado. Mientras la máquina política se enfoca en una batalla ideológica sobre los derechos electorales, las personas que garantizan la seguridad en los transportes están descubriendo que sus salarios son negociables en una partida de ajedrez político.

El cierre del gobierno federal continúa, y sus efectos más visibles no están en los noticieros políticos sino en las colas de los aeropuertos. Los ejecutivos de las principales aerolíneas estadounidenses ya están pidiendo al Congreso que termine esta parálisis y garantice el pago a los empleados de seguridad del transporte. Las colas largas que se formaron el fin de semana no fueron solo un inconveniente para pasajeros: fueron el síntoma visible de un problema más profundo.

¿Quién paga los costos reales de las negociaciones políticas de alto nivel? No son los legisladores. No son los presidentes de aerolíneas. Son las personas que trabajan como agentes de seguridad en los transportes, con sueldos que en muchos casos rondan los 30,000 a 40,000 dólares anuales. Personas que tienen alquileres, servicios, familias que dependen de ese cheque que no llegó.

Este es el patrón que define la política estadounidense moderna: mientras se libran batallas sobre cómo estructurar el sistema electoral, los trabajadores que mantienen ese sistema funcionando quedan fuera de la conversación. La Ley SAVE America es presentada como una cuestión de integridad electoral. Los republicanos hablan de "proteger el voto". Pero la pregunta que nunca se formula en esos términos es: ¿proteger el voto de quién? ¿A costa de qué?

Mientras Trump prioriza una reforma electoral controvertida que busca implementarse rápidamente a través del Senado, hay algo que no está en disputa: el hecho de que cerrar el gobierno federal tiene consecuencias inmediatas y concretas para trabajadores específicos. No es abstracto. No es ideológico. Es económico y es visceral.

Los empleados de seguridad del transporte forman parte de la clase trabajadora que raramente aparece en las negociaciones presupuestarias de alto nivel. Son esenciales — sin ellos, los aeropuertos no funcionan — pero políticamente invisibles. No tienen grandes cabilderos. No financian campañas. No aparecen en las ruedas de prensa de los líderes republicanos cuando anuncian sus prioridades legislativas.

LosCEOs de las aerolíneas, por su parte, sí tienen acceso al Congreso. Y aunque sus motivaciones no son altruistas — les interesa que los aeropuertos funcionen sin fricción para maximizar sus ganancias — sus voces importan. El Congreso escucha cuando la industria habla. Pero escucha mucho menos cuando los trabajadores hablan.

Este cierre también ocurre mientras Illinois realiza sus primarias estatales, incluyendo la contienda demócrata para reemplazar al Senador Dick Durbin, quien se retira. En ese contexto político, la pregunta sobre quién lidera y quién representa a quién adquiere urgencia. ¿Qué candidatos están hablando sobre los trabajadores sin pago en los aeropuertos? ¿Qué candidatos entienden que la política económica real sucede en estos detalles, en estos salarios no cobrados, en estas familias esperando dinero que no llega?

La ironía es que la Ley SAVE America se presenta como una defensa de la democracia, como una protección del sistema electoral. Pero mientras se debate cómo votan las personas, hay trabajadores que ni siquiera pueden permitirse el lujo de pensar en política porque están preocupados por pagar el alquiler.

La política de reformas electorales y la política de salarios son a menudo presentadas como asuntos separados. No lo son. Un sistema electoral que no protege los derechos de trabajadores a ingresos estables, a condiciones laborales dignas, a no ser utilizados como peones en negociaciones presupuestarias de élite, es un sistema electoral que no defiende realmente la democracia.

La pregunta que debería estar en el centro de cualquier reforma electoral es: ¿para quién funciona este sistema? En este momento, mientras el Senado se prepara para votar la Ley SAVE, la respuesta es clara: no funciona para los trabajadores de seguridad del transporte que perdieron su cheque esta semana. Funciona para aquellos con suficiente poder político para mantener sus salarios protegidos incluso cuando el gobierno se cierra.

Por Alejandra Flores