Frenar el financiamiento de ICE no es lo mismo que detener la máquina. Mientras los legisladores negocian líneas de presupuesto, los cuerpos siguen acumulándose en los centros de detención.

Yolanda tiene 34 años, dos hijos nacidos en territorio estadounidense y una orden de deportación que lleva su nombre desde hace once meses. No es un caso hipotético. Es uno de los 1.4 millones de casos activos en los tribunales de inmigración de Estados Unidos al cierre del año fiscal 2024, según datos del Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. Yolanda espera su audiencia desde una celda en un centro de detención privado en Texas. Su abogada de oficio tiene 200 casos abiertos.

Esta semana, el Senado aprobó una resolución de financiamiento que mantiene al Departamento de Seguridad Nacional en operación pero corta los fondos directos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas —ICE, por sus siglas en inglés— por un periodo que los analistas calculan entre 30 y 60 días. Los titulares lo celebraron como una victoria legislativa contra el aparato de deportación masiva que el gobierno de Donald Trump ha construido en los últimos 40 días de caos presupuestario. El problema es que Yolanda sigue en esa celda.

El mecanismo que los titulares no explican

Recortar el presupuesto de ICE no equivale a desmantelar sus operaciones. La agencia tiene contratos vigentes con 140 instalaciones de detención privadas en 34 estados, según el informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental publicado en febrero de 2025. Esos contratos tienen cláusulas de continuidad operativa que obligan al gobierno federal a pagar tarifas diarias por cama independientemente de si el presupuesto está aprobado o en disputa. En lenguaje llano: aunque el Congreso no asigne fondos nuevos, las deudas contraídas siguen acumulándose y las personas detenidas no salen.

Además, ICE opera con un fondo rotatorio de emergencia que el Poder Ejecutivo puede activar sin autorización legislativa inmediata. Lo usó en 2019 durante el cierre de gobierno de 35 días. Lo usó de nuevo en enero de 2025. La historia presupuestaria de esta agencia muestra un patrón: cada vez que el Congreso intenta asfixiarla por la vía financiera, el Ejecutivo encuentra una válvula de escape. El Senado lo sabe. Lo ha visto tres veces en los últimos seis años.

Lo que el voto del Senado sí logra es más político que operativo: envía una señal de que la mayoría legislativa no respalda la escala actual de las redadas. Pero entre la señal y la consecuencia hay un abismo que la cobertura convencional raramente cruza.

La cadena de responsabilidad

El secretario de Seguridad Nacional, Kristi Noem, firmó en enero la orden administrativa que expandió la capacidad de detención de ICE de 41,000 a 100,000 camas. Esa orden invocó poderes de emergencia que no requieren aprobación del Congreso para su implementación inicial. El presupuesto viene después, como legitimación retroactiva, no como autorización previa.

El director de ICE, Todd Lyons, designado en carácter interino, declaró ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes en marzo que la agencia "tiene autoridad suficiente para operar en condiciones de financiamiento reducido por un período indefinido". No es una amenaza velada. Es una descripción técnica del diseño institucional de la agencia.

El Congreso, en este esquema, no controla la operación. La financia o la deja endeudarse. La diferencia es menos dramática de lo que parece cuando el Ejecutivo tiene acceso a fondos de emergencia y contratos plurianuales blindados.

Mientras tanto, los mismos congresistas que votaron para frenar los fondos de ICE aprobaron, en el mismo paquete legislativo, el presupuesto operativo del Departamento de Seguridad Nacional que incluye los sistemas de vigilancia, las bases de datos de registro migratorio y la infraestructura de comunicaciones que hacen posible las redadas. Cortaron la gasolina pero dejaron el motor encendido.

La pregunta que nadie hace en los noticieros

¿Por qué el debate presupuestario sobre ICE ocurre en el Senado y no en los tribunales?

La respuesta incómoda es esta: porque los tribunales ya intentaron intervenir y el Ejecutivo encontró la forma de ignorarlos. En febrero de 2025, al menos tres jueces federales emitieron órdenes de restricción temporal contra redadas específicas en Illinois, California y Nueva York. En los tres casos, ICE argumentó que las órdenes no eran suficientemente específicas para detener operaciones en curso y continuó actuando mientras apelaba. El Departamento de Justicia, bajo la dirección del fiscal general Pam Bondi, respaldó esa interpretación en cada instancia.

Esto no es especulación jurídica. Es el registro de los expedientes, disponible en PACER, el sistema federal de acceso a documentos judiciales. El poder judicial señaló. El Ejecutivo calculó el costo político de no obedecer y decidió que era manejable. El Legislativo negocia líneas de presupuesto. Y Yolanda sigue esperando su audiencia.

Lo que el presupuesto no toca

Hay un dato que circula poco en la cobertura de esta semana: según el Proyecto de Detención de Inmigrantes, al 1 de abril de 2025 hay 47,892 personas bajo custodia de ICE. De ese total, el 73% no tiene antecedentes penales en Estados Unidos. El 18% tiene hijos ciudadanos estadounidenses. El costo promedio de detención por persona es de 164 dólares diarios, según el presupuesto solicitado por la propia agencia para el año fiscal 2025.

Hacer esa aritmética es sencillo: 47,892 personas multiplicadas por 164 dólares equivalen a más de 7.8 millones de dólares al día. Al año, más de 2,800 millones. Una cifra que no aparece en el debate presupuestario del Senado con la misma claridad con la que aparecen los recortes a programas de nutrición infantil o los ajustes al seguro médico para trabajadores de bajos ingresos.

La austeridad, en este gobierno, tiene direcciones muy precisas.

El cierre que no absuelve

La resolución del Senado será presentada en los próximos días como evidencia de que el sistema de contrapesos funciona. Que el Legislativo puede moderar los excesos del Ejecutivo. Que la democracia, en suma, resiste.

Pero hay una pregunta que esa narrativa no puede responder: ¿qué le dices a Yolanda mientras el Senado negocia la siguiente ronda de financiamiento?

La distancia entre una votación en Washington y una celda en Texas no se mide en kilómetros. Se mide en la cantidad de decisiones institucionales que se tomaron, cada una dentro de sus propios marcos legales, cada una con sus propios justificantes técnicos, para construir el espacio donde ella espera. Ninguna de esas decisiones tiene un solo autor. Esa es exactamente la razón por la que ninguna tiene un solo responsable.

Y esa impunidad distribuida es el diseño, no el fallo.

Por Carmen Delgado