Cuando la política exterior se negocia entre crisis domésticas, algo más que el presupuesto está en quiebra

En el metro de Washington —o en cualquier ciudad donde trabajan los agentes de seguridad en aeropuertos— hay un tipo de silencio que no es paz. Es el silencio de alguien que no sabe si le van a pagar el viernes. Los trabajadores de la TSA llevan semanas en ese limbo: esenciales en el discurso, prescindibles en el presupuesto. El presidente tuvo que firmar una orden ejecutiva para garantizarles el sueldo mientras el Congreso sigue sin resolver una crisis que él mismo contribuyó a crear. Eso no es gobernanza. Es apagar incendios con la manguera de los vecinos.

Esa escena —el agente de seguridad que revisa maletas sin saber si su cheque llegará— es la imagen más honesta de lo que ocurre en Washington esta semana. No la retórica sobre Irán, no el drama de los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional, no la audiencia contra el congresista demócrata de Florida. Esa imagen, pequeña y cotidiana, contiene la estructura entera.

Cuando el caos deja de ser accidente

Hay una tentación legítima de leer todo esto como incompetencia. Cuarenta días de caos en la financiación del DHS, el Senado frenando a ICE mientras negocia la salida de una guerra con Irán, Trump ordenando pagos extraordinarios para evitar que los aeropuertos colapsen. Todo al mismo tiempo. Todo sin resolución.

Pero el caos sostenido rara vez es solo accidente. Tiene función. Cuando un gobierno opera en estado de emergencia permanente, tres cosas ocurren de manera simultánea: primero, la atención pública se fragmenta y ningún problema recibe el escrutinio que merece; segundo, las instituciones se acostumbran a funcionar fuera de sus propios marcos normativos; tercero, quienes tienen poder para actuar unilateralmente —el Ejecutivo, las agencias con fondos discrecionales— ganan terreno sobre quienes requieren deliberación colectiva, como el Congreso o los tribunales.

Eso es lo que está pasando con ICE. El Senado le cortó los fondos, sí. Pero ICE no desapareció. Siguió operando. Lo que la crisis presupuestaria revela no es la derrota de una agencia, sino la arquitectura de un Estado que puede funcionar —o disfuncionar— con independencia de sus propios controles formales. Eso debería preocuparnos más que cualquier cifra del déficit.

La guerra de afuera, la fractura de adentro

Mientras tanto, Irán. Trump negocia una salida a un conflicto que su propia base no digirió del mismo modo. En la CPAC 2026 —ese termómetro de la temperatura ideológica de la derecha estadounidense— la cuestión iraní dividió a quienes antes marchaban al mismo paso. El ala aislacionista, heredera del «America First» más puro, no quiere guerras en el Medio Oriente. El ala neoconservadora, que nunca terminó de irse, sí las quiere, con condiciones.

Esta fractura no es nueva, pero se está haciendo visible en el peor momento posible: cuando el gobierno necesita unidad legislativa para resolver una crisis doméstica que tiene nombre y apellido en millones de familias trabajadoras.

Hay algo que la sociología política llama «sobrecarga del Estado»: el momento en que un sistema institucional tiene más problemas activos de los que puede procesar con coherencia. No es que falten soluciones técnicas. Es que el sistema político ya no puede priorizar porque cada facción que lo compone tiene su propio orden de urgencias, y ninguna tiene la fuerza suficiente para imponerse.

Eso explica la imagen casi surrealista de esta semana: el Senado discutiendo si financiar o no a la agencia de deportaciones mientras el presidente negocia con potencias del Golfo. No es que sean temas irreconciliables. Es que el Estado que debería procesarlos simultáneamente ya no tiene la capacidad institucional para hacerlo sin romperse en la costura.

Lo que la gente siente pero no nombra así

Hay una sensación que se repite en las conversaciones de familias migrantes en Estados Unidos, en los grupos de WhatsApp de comunidades centroamericanas, en los cuartos compartidos donde viven personas que mandaron dinero a casa esta semana sin saber si la semana que viene podrán hacer lo mismo. No es exactamente miedo. El miedo tiene objeto. Esto es otra cosa: es la incertidumbre de vivir dentro de una máquina que nadie controla del todo.

Cuando el gobierno de un país no puede garantizar que sus propios trabajadores cobren, cuando una agencia de deportaciones opera sin presupuesto formal pero con plena capacidad operativa, cuando un juez federal tiene que preguntarle al Ejecutivo si puede bloquear la defensa legal de un presidente extranjero —Maduro, en este caso—, lo que se fractura no es solo la gobernanza. Es la sensación de que hay reglas, de que las reglas aplican para todos, de que el sistema tiene alguna lógica que los de abajo también pueden invocar.

Esa sensación, cuando desaparece, no genera rebelión inmediata. Genera algo más silencioso y más duradero: la resignación aprendida. La idea de que las instituciones son decorado, que lo que importa es quién tiene poder en este momento específico, que lo mejor es agachar la cabeza y pasar desapercibido.

Para millones de personas en Estados Unidos —migrantes, trabajadores de servicios, comunidades racializadas que ya saben lo que es ser el objetivo de una política— esa resignación no es nueva. Lo que sí es nuevo es verla extenderse hacia capas de la población que antes creían estar protegidas por el sistema. El agente de la TSA que no sabe si cobra. El contratista federal que no sabe si renueva. El funcionario de rango medio que ve cómo su agencia opera en el vacío legal.

La pregunta que queda

Hay una línea de Antonio Gramsci que circula mucho pero que pocas veces se aplica a lo concreto: «Lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer. En este interregno se manifiestan los fenómenos mórbidos más diversos».

No se trata de hacer diagnósticos apocalípticos. Se trata de reconocer que lo que estamos viendo —el Senado frenando a ICE, Trump pagando con órdenes ejecutivas lo que el Congreso no aprueba, la derecha dividida entre el aislacionismo y el intervencionismo, un juez preguntando si el Ejecutivo puede bloquear la defensa de un extranjero— no es una serie de noticias inconexas. Es el retrato de un sistema que no sabe todavía qué quiere ser, pero que mientras lo decide sigue costándole algo muy concreto a la gente que no puede esperar.

El agente de la TSA revisando maletas esta mañana no estaba pensando en Gramsci. Estaba pensando en el viernes.

Por Roberto Medina