En Nueva York, un magistrado examina si la administración tiene autoridad para prohibir que Venezuela pague los honorarios de abogados del expresidente

La batalla legal alrededor de Nicolás Maduro acaba de abrirse una nueva trinchera. No en Caracas, donde el expresidente gobernó hasta 2019, sino en los juzgados de Nueva York, donde enfrenta acusaciones de tráfico internacional de drogas. Y esta vez, el conflicto no es entre fiscales y defensa, sino entre la administración Trump y un juez federal que se atreve a cuestionar los fundamentos legales de una prohibición extraordinaria: que el gobierno de Venezuela no puede pagar los honorarios de abogados para defender a Maduro.

El 26 de marzo, en una audiencia que refleja la complejidad geopolítica de este caso, el magistrado presionó a los abogados de Trump sobre qué ley exactamente les da el poder de bloquear que un Estado soberano financie la defensa legal de uno de sus ciudadanos. La pregunta no es menor. Es, de hecho, el tipo de pregunta que pone en evidencia dónde termina el poder de un gobierno y dónde comienza el derecho internacional.

Maduro lleva meses en prisión en Nueva York. Las acusaciones son graves: narcoterrorismo, tráfico de drogas a gran escala, lavado de dinero. Delitos que, según la fiscalía estadounidense, cometió desde su posición como jefe de Estado de Venezuela. Pero aquí comienza lo complicado: ¿puede un gobierno estadounidense, incluso bajo una administración como la de Trump que ha sido hostil con Venezuela, simplemente prohibirle a otro país que pague la defensa legal de su propio ciudadano?

La respuesta legal no es obvia. Y ese es precisamente el punto de fricción que el juez identificó en la audiencia.

Lo que está en juego trasciende a Maduro. Es sobre los límites del poder ejecutivo en materia de sanciones y bloqueos. Durante años, la administración Trump y luego la administración Biden han utilizado las sanciones contra Venezuela como una herramienta de política exterior. Pero las sanciones tienen límites legales. No pueden simplemente suspender derechos constitucionalmente protegidos sin una base estatutaria clara.

Desde la frontera, este caso se ve diferente a como se ve desde Washington. En Ciudad Juárez, en Laredo, en los pueblos a lo largo del Río Grande, la crisis política de Venezuela es visible en las oleadas de migrantes que cruzan el desierto. Pero también es visible en cómo Estados Unidos ejerce su poder sobre gobiernos latinoamericanos. El bloqueo de fondos para la defensa legal es una extensión de esa política: no solo sancionar económicamente, sino también negar acceso a justicia.

Lo paradójico es que Estados Unidos, que constantemente se presenta como defensor del Estado de derecho, está siendo cuestionado por sus propios tribunales sobre si tiene autoridad legal para negar a un acusado —incluso a un acusado como Maduro, presidente de un país que Washington ha buscado desestabilizar— el derecho fundamental a una defensa.

El juez no solo cuestionó la base legal. También implícitamente reconoció algo que los funcionarios de la administración Trump prefieren pasar por alto: que Venezuela es un Estado, que tiene recursos que técnicamente le pertenecen, y que congelar esos recursos para financiar una defensa legal es una medida que requiere justificación legal clara, no solo intención política.

Los abogados de Maduro argumentan precisamente eso: que Venezuela, como Estado soberano, tiene derecho a financiar la defensa de su expresidente, así como cualquier país financia la defensa de sus ciudadanos en el extranjero. Es un argumento de derecho internacional que, aunque impopular en Washington, tiene peso legal.

La administración Trump, por su parte, probablemente sostendrá que bajo sus poderes de sanciones — ya sea bajo la Ley de Jurisdicción sobre Enemigos Extranjeros, o bajo autoridades de emergencia nacional — tiene el poder de bloquear transacciones financieras con entidades vinculadas a Venezuela. Pero el juez señaló algo crucial: incluso si esas autoridades existen, ¿se aplican a esto? ¿Pagar una defensa legal es realmente un acto que amenaza la seguridad nacional estadounidense?

Esta audiencia es un recordatorio de que incluso en casos donde la política exterior parece unidireccional — Washington contra Caracas — los tribunales estadounidenses pueden servir como un freno. No porque simpaticen con Maduro, sino porque su función es proteger el Estado de derecho, incluso cuando es incómodo hacerlo.

El resultado de esta batalla judicial podría afectar no solo a Maduro, sino a cómo Estados Unidos ejerce el poder sobre otros gobiernos en el futuro. Y eso sí importa desde aquí, desde la frontera, donde las consecuencias de las decisiones de Washington se sienten todos los días.

Por Martin Salazar