Cuando el poder reescribe quién pertenece y quién carga el costo, siempre hay alguien que lo paga con el cuerpo
En alguna oficina de correos de cualquier ciudad del sur de Estados Unidos hay una mujer que lleva semanas sin cobrar. Va a trabajar igual. Pone el uniforme, ordena los sobres, atiende la ventanilla. No porque sea heroica —aunque lo es— sino porque no tiene de otra: la renta no espera, los niños comen todos los días, y el crédito ya está al límite. No aparece en ningún debate del Congreso. Su nombre no lo dice nadie en la televisión. Pero ella es, exactamente, el argumento central de todo lo que está pasando en Estados Unidos en este momento.
Esos 44 días sin paga que vivieron miles de trabajadores federales durante el cierre presupuestal más reciente no fueron un accidente administrativo ni un error de cálculo. Fueron una demostración de fuerza: una manera de recordarle al Estado profundo —ese concepto que la derecha usa para nombrar a los servidores públicos de carrera, los que saben cómo funciona la burocracia y no se van con cada cambio de administración— que nadie es indispensable, que cualquiera puede ser presionado hasta quebrarse. El cierre no paralizó a Wall Street. No detuvo los vuelos de los ricos. Cayó, como siempre cae, sobre los eslabones más frágiles de la cadena: los trabajadores que no tienen ahorros de seis meses para esperar a que los políticos se pongan de acuerdo.
Eso ya sería suficiente para una columna. Pero lo que ocurrió en los últimos días tiene una lógica más profunda, una que vale la pena nombrar.
Mientras el gobierno pedía a sus propios empleados que aguantaran sin sueldo, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchaba argumentos sobre si la ciudadanía por nacimiento —el principio de jus soli consagrado en la Decimocuarta Enmienda desde 1868— puede ser recortada por decreto ejecutivo. No por reforma constitucional. Por decreto. La pregunta que los jueces debatían no era menor: ¿puede el gobierno decidir que algunos niños nacidos en suelo estadounidense no son ciudadanos porque sus padres no tienen papeles?
Hay una palabra para lo que eso describe, y no es reforma migratoria. Es la reescritura de quién pertenece.
La sociología tiene un concepto útil aquí: la membresía diferenciada. Las sociedades modernas nunca han tratado a todos sus miembros como iguales, pero las democracias liberales construyeron, al menos en teoría, un piso común: el nacimiento en el territorio como punto de partida neutral, como la manera de no heredar la condición de los padres. Fue una conquista histórica, construida después de la esclavitud, pensada precisamente para que el origen no fuera destino. Debatir su eliminación no es una discusión técnica sobre inmigración. Es una discusión sobre si la desigualdad debe volverse hereditaria.
Y aquí está el patrón que conecta todas las noticias de esta semana, el hilo que las une aunque parezcan dispersas:
El Estado se encoge donde protege a los de abajo y se expande donde sirve a los de arriba. Los recortes golpean a los trabajadores federales, pero el presupuesto militar no se toca: mientras se negociaba una salida al cierre, la administración anunciaba el envío de más tropas a Oriente Medio, en una de esas paradojas que ya nadie en Washington parece encontrar contradictoria. La austeridad tiene dirección. No es un principio, es una herramienta.
Lo mismo aplica a la política exterior. El giro que permitió el petróleo ruso para Cuba —una apertura parcial en sesenta años de bloqueo— no nació de un replanteamiento humanitario ni de una revisión de los costos que ese embargo le ha impuesto al pueblo cubano. Nació de una lógica transaccional que no se anuncia en voz alta pero que cualquier analista puede leer: los grandes jugadores se arreglan entre sí, y las poblaciones que llevan décadas pagando el costo de esos arreglos simplemente se enteran cuando ya está hecho. La soberanía se negocia en las cimas; las consecuencias se viven en los barrios.
Y luego está el detalle de los hackers iraníes que penetraron los correos del director del FBI. Un detalle que en otra semana hubiera dominado el ciclo noticioso pero que ahora flota entre tantas otras fracturas. Lo que revela no es solo una vulnerabilidad técnica: es el retrato de una institución que ha sido sacudida por purgas políticas, por cambios abruptos en su liderazgo, por la erosión sistemática de los cuadros profesionales que conocían los protocolos. Cuando desmantilas el Estado de carrera para llenarlo de leales, también desmantilas sus defensas. El costo lo paga la seguridad colectiva, no la del funcionario que tomó esa decisión.
Todo esto tiene un nombre en la experiencia cotidiana de la gente, aunque no siempre se articule así: es la sensación de que las reglas cambian según para quién. De que el contrato social —esa promesa implícita de que si juegas dentro del sistema el sistema te protege— se está renegociando sin que nadie te avisara y sin que te invitaran a la mesa.
Hay una línea de la escritora Toni Morrison que viene al caso, aunque venga de otro contexto: "Si no puedes confiar en que el lenguaje signifique lo que dice, no puedes confiar en nada." Lo que está en juego en cada uno de estos episodios es exactamente eso: la confianza en que las palabras de la ley significan lo que dicen. Que ciudadanía quiere decir ciudadanía. Que sueldo quiere decir sueldo. Que tratado quiere decir algo más que una posición de negociación temporal.
La mujer de la oficina de correos que mencionaba al principio no analiza la Decimocuarta Enmienda ni sigue los debates sobre política exterior en el Golfo Pérsico. Pero sabe, con la precisión que da la experiencia directa, que algo está cambiando en la manera en que el sistema se relaciona con ella. Que cada vez le cuesta más trabajo entender qué puede esperar y qué ya no. Esa incertidumbre —esa opacidad del futuro que antes parecía más legible— es también una forma de empobrecimiento. Y es, quizás, la más difícil de medir.
La pregunta que queda flotando no es qué va a pasar con la Corte Suprema ni cuántas tropas llegarán a Oriente Medio. La pregunta es más sencilla y más honda: ¿cuánto tiempo puede funcionar una sociedad cuando la gente que la sostiene ya no sabe qué reglas aplican para ellos?
Por Roberto Medina