Mientras Trump solicita 1.5 billones de dólares para defensa, los programas que sostienen a millones de familias trabajadoras desaparecen línea por línea

Deborah Simmons tiene 54 años, trabaja como cajera en un supermercado de Memphis, Tennessee, y hasta enero pasado recibía un subsidio federal de asistencia nutricional —el programa conocido como SNAP— que le permitía cerrar el mes sin elegir entre la renta y la comida. En febrero, el cheque no llegó. La oficina local le explicó que los criterios de elegibilidad habían cambiado. Ella no había cambiado: mismo sueldo, mismo número de hijos adultos dependientes, mismo apartamento. Lo que cambió fue la decisión tomada a miles de kilómetros de distancia, en un edificio donde nadie la conoce y nadie necesita conocerla para borrarla de una lista.

Lo que le ocurrió a Deborah no es un error administrativo. Es el resultado directo de una operación presupuestaria que la administración Trump presentó esta semana con una cifra que merece leerse despacio: 1.5 billones de dólares —trillion, en inglés— destinados al gasto militar. Es el incremento de defensa más ambicioso en la historia moderna de Estados Unidos, impulsado en el contexto de la guerra en curso con Irán, que ya suma cinco semanas y cuya última escalada incluyó el derribo de un avión militar estadounidense sobre el estrecho de Ormuz.

El dinero tiene que salir de algún lado. Ese es el mecanismo que convierte la aritmética del Pentágono en la realidad de Deborah Simmons.

El mecanismo

La solicitud de 1.5 billones para defensa no llegó sola. Vino acompañada de un documento de reorientación presupuestaria —un llamado skinny budget, presupuesto descarnado— que propone recortes sistemáticos a programas de gasto doméstico: SNAP, Medicaid, subsidios de vivienda para familias de bajos ingresos, créditos fiscales por hijos, programas de empleo para veteranos y adultos mayores. Según el análisis del Center on Budget and Policy Priorities, publicado la semana pasada, los recortes propuestos representarían la mayor reducción al gasto social desde la era Reagan, con una transferencia neta de recursos del gasto doméstico al gasto militar que no tiene precedente en tiempos recientes.

El argumento oficial es la seguridad nacional. La guerra con Irán —que comenzó después del ataque con misiles de largo alcance contra bases estadounidenses en Qatar— le da a la administración una justificación con nombre y coordenadas geográficas. Pero la lógica que conecta un portaaviones en el Golfo Pérsico con el recorte al cupón de alimentos de una cajera en Tennessee no es una lógica de seguridad. Es una lógica de prioridades de clase.

Los 178,000 empleos creados en marzo —cifra que los medios financieros celebraron como señal de robustez económica— merecen una lectura más lenta. El sector manufacturero, que históricamente ofrece empleos con prestaciones y capacidad sindical, perdió 4,000 plazas. El crecimiento se concentró en servicios de hospitalidad, comercio minorista y cuidados de salud de baja remuneración: los empleos que no tienen seguro médico, que no acumulan pensión, que desaparecen ante el primer recorte de horas. Son los empleos de Deborah Simmons. Son los empleos que no protegen a nadie cuando SNAP deja de llegar.

El dato de empleo, en ese contexto, no es una señal de fortaleza. Es el perfil exacto de la economía que la administración necesita para justificar los recortes: baja desocupación en papel, precariedad estructural en la práctica.

La cadena de responsabilidad

Quien firma la solicitud de 1.5 billones es Donald Trump. Quien la procesa en el Congreso es una mayoría republicana que lleva meses bloqueando cualquier enmienda que proteja el gasto social, mientras aprueba en tiempo récord los aumentos al presupuesto del Departamento de Defensa. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, declaró la semana pasada que el país "no puede darse el lujo de la complacencia ante la amenaza iraní". No mencionó a Deborah Simmons. No tiene por qué: ella no financia campañas.

Las empresas contratistas del sector defensa, en cambio, sí lo hacen. Lockheed Martin, Raytheon, Boeing Defense: las tres reportaron incrementos en sus cotizaciones bursátiles en las 48 horas posteriores al anuncio del presupuesto. No es coincidencia. Es el modelo. La guerra es un negocio con proveedores identificados, y los proveedores tienen representantes en Washington con acceso que Deborah Simmons nunca tendrá.

Esta no es especulación. Es el registro de contribuciones de campaña disponible en la base de datos pública de la Comisión Electoral Federal. Es la agenda de reuniones del Departamento de Defensa, parcialmente disponible bajo la Ley de Libertad de Información. Es la lista de exfuncionarios del Pentágono que pasaron a ocupar posiciones directivas en las mismas empresas que ahora reciben los contratos. El término técnico es "puerta giratoria". El término exacto es conflicto de interés institucionalizado.

La pregunta que nadie hace

La cobertura convencional de esta semana se dividió en dos conversaciones paralelas que nunca se tocaron: por un lado, los análisis estratégicos sobre la escalada con Irán, el derribo del avión, las opciones militares de la administración. Por el otro, las notas sobre el dato de empleo de marzo y sus implicaciones para la Reserva Federal. Nadie conectó las dos cosas con una tercera: los recortes al gasto doméstico que financian la escalada.

La pregunta que nadie hace en la cobertura convencional es esta: ¿a quién se le pide el sacrificio?

Cuando un gobierno declara que el presupuesto requiere ajustes ante una emergencia de seguridad nacional, la distribución de ese ajuste es una decisión política, no una necesidad técnica. Se puede financiar una guerra con un impuesto extraordinario a las ganancias corporativas. Se puede financiar con un gravamen a las transacciones financieras de alto volumen. Se puede financiar con la reversión de los recortes fiscales de 2017 que beneficiaron de manera desproporcionada al uno por ciento más rico. Ninguna de esas opciones está sobre la mesa. La que sí está es recortar el programa de alimentos de Deborah Simmons.

Esa elección no es técnica. Es política. Y la política tiene autores.

El Artemis II avanza hacia la Luna. Los titulares lo celebran como un logro colectivo, como si "Estados Unidos" fuera una entidad homogénea que comparte por igual el orgullo y el costo. Pero el presupuesto de la NASA no se recortó. El del Pentágono se disparó. Y el programa que ponía comida en la mesa de Deborah Simmons desapareció en silencio, en un párrafo al final de un documento que los medios financieros resumieron en tres líneas.

Hay países que van a la Luna y dejan a sus trabajadores sin cenar.

Eso no es un logro. Es una elección. Y las elecciones tienen consecuencias que no se distribuyen de manera equitativa entre los que las toman y los que las padecen.

Por Carmen Delgado