Cuando un gobierno decide qué vidas importan, el número que pone en la columna de armamento ya lo dice todo

En una sala de espera del IMSS, dos señoras discuten sobre el precio de la insulina. Una dice que ya no le alcanza, que tiene que elegir entre el medicamento y la despensa de la semana. La otra asiente, le cuenta que su hijo cruzó al norte hace tres años buscando lo que aquí no encontró. Afuera, en algún televisor encendido, un locutor anuncia que el gobierno de Estados Unidos propone gastar un billón y medio de dólares en defensa. Las dos mujeres no levantan la vista. Ya aprendieron que esas noticias no son para ellas.

Pero sí lo son. Eso es exactamente lo que esta semana merece pensarse despacio.

La administración de Donald Trump presentó una propuesta presupuestaria que destina 1.5 billones de dólares al gasto militar, una cifra tan grande que el cerebro humano no la procesa de manera natural —hay que convertirla en escuelas, en hospitales, en medicamentos, en años de vida— para que empiece a pesar de verdad. Al mismo tiempo, esa misma propuesta plantea recortes severos a Medicare, el programa de salud para adultos mayores, y a Medicaid, que cubre a millones de personas de bajos ingresos. No son decisiones paralelas ni contradictorias: son la misma decisión, enunciada dos veces.

En paralelo, la semana trajo la amenaza de bombardear Irán antes del martes, el respaldo público de Washington al gobierno autoritario de Viktor Orbán en Hungría, y la noticia de que la Corte Suprema abrió la puerta para liberar a Steve Bannon, el ideólogo que ayudó a construir el marco político que hace posible todo lo anterior. No son noticias dispersas. Son piezas del mismo rompecabezas, y cuando uno las junta, la imagen que aparece tiene una lógica interna perfectamente coherente.

Existe en sociología un concepto que se llama reencuadramiento moral: el proceso mediante el cual una sociedad reclasifica quién merece protección y quién no. No ocurre de golpe. Ocurre en capas, en decisiones pequeñas que van normalizando una geometría nueva del valor humano. Primero se recorta aquí, luego se amenaza allá, luego se celebra al aliado que ya lo hizo antes y más abiertamente. El resultado, al cabo de algunos años, es una sociedad que ya no se escandaliza cuando el Estado elige claramente a quién protege y a quién abandona.

El presupuesto es el documento más honesto que produce un gobierno. Más que los discursos, más que los decretos, más que las conferencias de prensa. En él no está lo que un gobierno dice que valora: está lo que realmente valora. Y lo que este presupuesto dice es que la proyección de fuerza militar importa más que la salud de los ciudadanos que no pueden pagarse un seguro privado. Que la capacidad de destruir vale más que la capacidad de curar.

Eso no es un error de cálculo. Es una elección de civilización.

Pero hay algo más en esta semana que merece nombrarse, porque tiene que ver con una forma específica de ejercer el poder: la amenaza como instrumento de política. Amenazar con bombardear Irán antes de una fecha concreta no es diplomacia ni estrategia: es espectáculo de dominación. Tiene destinatarios múltiples: el adversario declarado, sí, pero también la audiencia doméstica, a la que se le ofrece la imagen de un líder que no titubea, que golpea la mesa, que "no se deja". Y tiene un efecto colateral que pocas veces se analiza: el precio del petróleo se mueve, los mercados se tensan, y esa tensión la pagan, como siempre, los de abajo.

No en Wall Street. En el surtidor de gasolina. En el costo del transporte que encarece la canasta básica. En la factura de luz. En el precio del kilo de frijol que cruza fronteras en camión.

La geopolítica no es abstracta. Tiene dirección: cae hacia abajo.

Y luego está la pieza de Orbán. El respaldo explícito de Washington al modelo húngaro —un gobierno que ha desmantelado la independencia judicial, acotado la prensa libre y reconfigurado las instituciones a imagen del partido dominante— no es un accidente diplomático ni una simpatía personal. Es un mensaje sobre qué modelo de Estado se considera válido, replicable, incluso deseable. Cuando la potencia que históricamente se presentó como guardiana de la democracia liberal abraza públicamente a quien la desmonta pieza por pieza, algo en el mapa ideológico global se recorre.

Y ese corrimiento no se queda en Europa Central. Llega a los debates sobre autonomía judicial en México, a las discusiones sobre libertad de prensa en Brasil, a la forma en que ciertos sectores locales usan el ejemplo de Hungría para argumentar que concentrar poder no es antidemocrático sino "eficiente". Los modelos viajan. Las legitimaciones también.

Lo que la gente experimenta, aunque no siempre lo nombre así, es una sensación de que las reglas del juego se están reescribiendo en tiempo real, y que nadie les preguntó. No es solo desconfianza en las instituciones —eso tiene décadas. Es algo más específico: la percepción de que el Estado, en su versión más poderosa, ha dejado de fingir que trabaja para todos. Que ya no necesita mantener esa ficción. Que puede decir abiertamente: el dinero va para esto, no para aquello, y si no te gusta, aquí está el show de la amenaza militar para distraerte.

Esa sensación tiene nombre en la teoría política: se llama cinismo sistémico. Y es peligrosa no porque haga a la gente rebelde, sino porque con frecuencia la hace pasiva. Cuando uno cree que el sistema siempre sirve a los mismos, deja de imaginar que puede ser distinto. Y justo ahí, en esa renuncia a imaginar, es donde el poder más concentrado se siente más cómodo.

Las dos señoras de la sala de espera siguen ahí, en alguna ciudad, en algún martes. Una no puede pagar la insulina. La otra tiene al hijo del otro lado. Afuera, el locutor sigue hablando de billones y de bombas.

La pregunta que queda flotando no es cómo arreglarlo. Es más simple y más perturbadora: ¿desde cuándo aprendimos a creer que ese abismo entre las dos conversaciones es natural?

Por Roberto Medina