Cuando un gobierno decide gastar 1.5 billones en armas mientras recorta la medicina de los pobres, no está tomando decisiones técnicas. Está declarando a quién considera ciudadano.

Dolores Medina tiene 71 años y vive en Tucson, Arizona. Llegó a Estados Unidos con visa de trabajo hace tres décadas, se naturalizó, pagó impuestos toda su vida y desde hace cuatro años depende de Medicaid para costear el tratamiento de su diabetes tipo 2 y una insuficiencia renal incipiente. En febrero de este año, una carta del departamento de salud del estado le informó que su cobertura estaba bajo revisión debido a "ajustes en los criterios de elegibilidad" derivados de instrucciones federales. El lenguaje burocrático es cuidadoso. El efecto, no: Dolores dejó de recibir dos de sus medicamentos durante 47 días mientras el proceso administrativo se resolvía. Su médico documentó un deterioro mensurable en sus indicadores renales durante ese periodo.

Ese mismo mes, la administración Trump presentó ante el Congreso una solicitud de gasto militar de 1.5 billones de dólares —con b— para el ejercicio fiscal 2026. La cifra incluye financiamiento para sistemas de armamento avanzado, expansión de capacidad nuclear y, según declaraciones del propio secretario de Defensa Pete Hegseth, preparación para "escenarios de conflicto de alta intensidad" en el Golfo Pérsico. La semana pasada, el presidente amenazó públicamente con bombardear Irán si no se alcanzaba un acuerdo nuclear antes del martes. La amenaza no se cumplió en esa fecha, pero la lógica del gasto ya estaba aprobada.

Estos dos hechos —la carta de Tucson y el presupuesto de guerra— no son paralelos accidentales. Son la misma decisión vista desde sus dos extremos.

El mecanismo

La propuesta presupuestaria de la administración republicana para 2026 contempla recortes de aproximadamente 880,000 millones de dólares al gasto en Medicaid durante la próxima década, según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés). Eso no es austeridad fiscal abstracta: la CBO estima que entre 8 y 10 millones de personas perderían cobertura médica como consecuencia directa. En paralelo, el presupuesto de defensa crece un 13 por ciento respecto al año anterior, la expansión más acelerada desde la posguerra del Golfo.

La lógica que conecta ambas cifras no es ideológica en el sentido de que alguien la haya articulado como principio. Es más sencilla y más brutal: el dinero tiene que venir de algún lado. Y en el universo político del trumpismo, ese "algún lado" es siempre el mismo: los programas sociales, la infraestructura de salud pública, la educación, el apoyo a comunidades de bajos ingresos.

Los recortes a Medicaid no se presentan como recortes. Se presentan como "reformas para combatir el fraude", como "devolución de competencias a los estados", como "incentivos para el trabajo". El lenguaje administrativo hace un trabajo político preciso: desplaza la responsabilidad hacia los beneficiarios (que supuestamente abusan del sistema o no trabajan suficiente) y oculta que la decisión de fondo es presupuestaria, no moral.

Pero los números son obstinados. Si quitas 880,000 millones de salud pública y agregas 1.5 billones a defensa, no estás equilibrando nada: estás redistribuyendo. De los más pobres hacia los contratistas militares. De los hospitales rurales hacia los fabricantes de misiles.

La cadena de responsabilidad

El presidente Trump firmó la propuesta presupuestaria. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, la lleva al pleno con el respaldo de la bancada republicana. Los senadores republicanos que controlan el Senado tienen los votos para aprobarla. Los ejecutivos de Lockheed Martin, Raytheon y Northrop Grumman —cuyas acciones subieron entre 4 y 7 por ciento tras el anuncio presupuestario— no tomaron ninguna decisión formal. Solo recibieron el beneficio.

El gobernador de Arizona, el republicano Doug Ducey hasta 2023, y su sucesor, la demócrata Katie Hobbs desde entonces, administran Medicaid a nivel estatal con los márgenes que el gobierno federal les permite. Cuando los criterios federales se endurecen, los estados pueden resistir parcialmente, pero no revertir la lógica de fondo. Hobbs ha declarado su oposición a los recortes. Eso no cambia la carta que recibió Dolores.

Hay una responsabilidad que la cobertura convencional rara vez nombra directamente: la de los legisladores republicanos que votan estos presupuestos en estados con alta concentración de beneficiarios de Medicaid. En Arizona, el 22 por ciento de la población depende de ese programa. Los dos senadores del estado —ambos republicanos hasta las elecciones de 2022— votaron repetidamente a favor de recortes similares. El senador actual, Mark Kelly, es demócrata y se opone. La representación importa. El voto importa. Pero eso no cambia nada para Dolores hoy.

La pregunta incómoda

La cobertura mediática de las amenazas de Trump hacia Irán ha generado columnas sobre estrategia geopolítica, sobre el equilibrio de poder en Medio Oriente, sobre las implicaciones para Israel y para la OPEP. Es cobertura legítima. Pero hay una pregunta que casi no aparece en los titulares principales: ¿quién paga la amenaza?

No en sentido metafórico. En sentido literal y presupuestario: el despliegue adicional de portaaviones en el Golfo Pérsico anunciado en marzo, la aceleración de producción de munición de precisión, los contratos de emergencia con la industria de defensa — todo eso tiene un costo que ya está incorporado en esos 1.5 billones. Y ese costo se paga, en parte, con el dinero que ya no llegará a los consultorios de Tucson, a las clínicas rurales de Mississippi, a los programas de atención a adultos mayores en Florida.

La guerra —o la amenaza de guerra— tiene un efecto redistributivo que se discute muy poco: concentra gasto público en un sector con altísima rentabilidad privada y externaliza los costos hacia los más vulnerables. No es un efecto secundario. Es el mecanismo.

El cierre

Dolores recuperó su medicamento. El proceso administrativo se resolvió a su favor después de 47 días. Su médico dice que el daño en sus indicadores renales es "manejable por ahora". Esa frase —manejable por ahora— es la que debería quedarse.

Un presupuesto no es un documento técnico. Es una declaración de prioridades. Cuando un gobierno decide, con nombres y cifras, que el gasto en capacidad de destrucción a 10,000 kilómetros de distancia vale más que la cobertura médica de los ancianos que pagaron impuestos toda su vida, esa decisión tiene un nombre. No es austeridad. No es reforma. Es una elección sobre quién cuenta y quién no.

Los 1.5 billones ya tienen destino. La pregunta es cuántas cartas como la de Tucson se necesitan para que alguien en Washington sienta el peso de lo que firmó.

Por Carmen Delgado