Cuando un gobierno decide gastar 1.5 billones en armas y recortar Medicare, no está tomando decisiones técnicas. Está declarando quién cuenta y quién no.

Marisol tiene 71 años y vive en un departamento de renta controlada en el lado sur de Chicago. Llegó de Michoacán hace cuarenta años con una visa de trabajo que nunca renovó porque nunca tuvo tiempo: dos empleos, tres hijos, una ciudad que le tomó todo lo que tenía y a cambio le dio una jubilaría pequeña y Medicare. Ese programa, esa tarjeta plastificada que guarda en su cartera junto a la foto de sus nietos, es lo que está entre ella y la decisión de pagar la renta o pagar las medicinas. Esta semana, sin que nadie le preguntara, alguien en Washington decidió que ese equilibrio frágil que Marisol ha construido durante cuatro décadas es prescindible.

El presupuesto que la administración de Donald Trump presentó esta semana no es un documento contable. Es una declaración de intenciones. Y lo que declara, con números que no admiten interpretación alternativa, es esto: el Estado estadounidense considera que sostener la supremacía militar del país vale 1.5 billones de dólares, y que garantizar atención médica a los adultos mayores y a las personas de bajos recursos es un lujo que ya no se puede permitir. Ambas decisiones están en el mismo documento. Son inseparables. No se puede entender una sin la otra.

Las cifras son tan grandes que se vuelven abstractas, y esa abstracción es conveniente para quienes las proponen. Entonces hagamos el ejercicio contrario: 1.5 billones de dólares en gasto militar en un solo año fiscal. Al mismo tiempo, recortes a Medicare que los analistas estiman en cientos de miles de millones a lo largo de la próxima década. No es un error de cálculo. No es una crisis fiscal que obliga a tomar decisiones dolorosas. Es una elección. Alguien decidió que los misiles valen más que Marisol.

Desde Semilla News hemos cubierto este presupuesto desde varios ángulos esta semana, y cada uno lleva al mismo lugar. El gasto militar no ocurre en el vacío: ocurre mientras Trump amenaza con bombardear Irán antes del martes, mientras respalda públicamente a Viktor Orbán y mientras la diplomacia estadounidense abandona cualquier pretensión de defender la democracia en el mundo para abrazar, sin disimulo, a los gobiernos que la persiguen. El dinero y la política exterior cuentan la misma historia: este es un gobierno que cree en el poder sin contención, en la fuerza sin responsabilidad, en la riqueza concentrada como principio de organización social.

Hay una palabra que los defensores de este presupuesto usan mucho: seguridad. El gasto militar es seguridad. Las fronteras militarizadas son seguridad. Las armas son seguridad. Lo que nunca aparece en esa definición es la seguridad de Marisol cuando va al médico. La seguridad de la familia que puede pagar la renta porque existe un programa que cubre la quimioterapia de la madre. La seguridad del trabajador que sabe que si pierde el empleo no pierde también la cobertura médica. Esa seguridad, la que se vive en el cuerpo y en la cocina, no cuenta en el vocabulario de este presupuesto.

No ignoramos la complejidad. Los presupuestos son documentos genuinamente difíciles. Hay costos reales en el gasto social que crecen con el envejecimiento de la población. Hay debates legítimos sobre qué nivel de gasto militar necesita un país con los compromisos internacionales que tiene Estados Unidos. No todo el que vota por estas cifras es un villano de caricatura: algunos creen de buena fe que el mercado resuelve mejor que el Estado, que la deuda pública es el problema central, que la competencia con China justifica el número. Esas posiciones existen y merecen ser discutidas.

Pero hay un punto en que la discusión técnica se vuelve moral, y este presupuesto lo cruzó. Cuando se recorta la atención médica de los adultos mayores más pobres al mismo tiempo que se incrementa el gasto militar a niveles sin precedente, se está tomando una decisión sobre quién merece la protección del Estado. Y la respuesta que da este presupuesto es: los contratistas de defensa, las corporaciones que fabrican sistemas de armas, los inversionistas que se benefician de los contratos militares. No Marisol.

Esa es la función de un presupuesto que ningún analista financiero explica en los noticieros de la noche: es el documento en que un gobierno le dice a su población, con números en lugar de palabras, cuál es la jerarquía de vidas que reconoce. No importa lo que digan los discursos. No importa lo que prometan las campañas. El presupuesto es la verdad.

Y la verdad de este presupuesto es que la administración Trump considera que la proyección de poder militar hacia el exterior —incluyendo las amenazas a Irán, el respaldo a gobiernos autoritarios en Europa, la reconfiguración de la diplomacia global hacia la lógica transaccional del más fuerte— vale más que la salud de los habitantes más vulnerables del país que dice representar.

Marisol no va a leer este editorial. Probablemente no sepa exactamente qué contiene el presupuesto que se está debatiendo en el Congreso. Pero lo va a sentir. Lo va a sentir cuando vaya a renovar su cobertura y encuentre que el copago subió. Lo va a sentir cuando el médico que la atendía durante veinte años ya no esté en la red de su plan. Lo va a sentir, quizás, cuando tenga que elegir entre el medicamento y la renta, y descubra que la elección que alguien hizo por ella, lejos, con números que nunca la nombraron, la dejó sola frente a esa pregunta.

La pregunta que le dejamos hoy a quienes nos leen es simple: ¿cuántos presupuestos como este se necesitan antes de que dejemos de llamarlo política económica y empecemos a llamarlo por su nombre?

Por Isabel Vega